Por: Brayant Sandoval Escalante

En las sociedades democráticas, es incongruente que el Estado, entendido como el gobierno y sus instituciones, dirija y elabore políticas públicas tomando únicamente los conocimientos de los servidores públicos. Se necesita ir más allá con procesos de gobernanza, esta última entendida como un proceso directivo de la sociedad a través de la coordinación (y no de la subordinación) entre el Estado, el sector privado y la organización de la sociedad civil (Aguilar Villanueva, 2010).

La gobernanza no implica sustituir la función autoritaria del aparato estatal para la toma de decisiones en la vida pública, más bien es la de “dar con una articulación social que pueda sustituir el tipo de Estado que se ha tenido, validador de las políticas excluyentes, por otro capaz de actuar en condiciones de democracia, que sea impulsor del desarrollo y, por tanto, garante de todos los derechos de la persona” (Canto Chac, 2008, p. 35).

La gobernanza entonces funge como un puente para vincular las necesidades de las personas en sus localidades con la planeación del Estado. Después de todo, el desarrollo de las regiones es producto de fuerzas económicas, políticas y sociales que dependen de su organización interna, y en la colaboración entre los sectores privado, social y público (Asuad Sanén, 2004).

En este artículo pretendo exponer tres casos que denotan la falta de gobernanza en la ciudad de Mérida, junto con una crítica sobre la administración municipal en turno. Si bien, y como se verá más adelante, estos casos son heterogéneos, pues iniciaron en tiempos distintos y han sido relevantes en la opinión pública en momentos diferentes, el elemento que todos tienen presente es el conflicto entre particulares (empresas versus hogares, empresarios contra vecinos, intereses privados frente a al interés social), en donde no es posible lograr acuerdos o soluciones entre ellos mismos; por  ello, aquí el papel mediador del gobierno municipal se vuelve indispensable para escuchar a ambas partes, dialogar con ellas y formular soluciones factibles y sostenibles en el tiempo.

El Centro Histórico

El primero es el conflicto del ruido en el Centro Histórico. Como un breve contexto, desde antes de que la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) llegara a Yucatán, los habitantes del centro de Mérida sufrían molestias cotidianas por el ruido de bares, cantinas, antros y negocios similares. Con tal de buscar soluciones, estos vecinos se agruparon y comenzaron a trabajar en conjunto y generar presión para que el ruido fuese más regulado en el municipio. Ante esto, el Ayuntamiento (administración 2018-2021 en el momento) realizó distintas acciones en 2019 para solucionar el problema, entre las que destacan la actualización del reglamento en la materia y la aplicación de sanciones a empresas que incumplían las nuevas disposiciones (Reporteros Hoy, 2019; Bote, 2019).

Sin embargo, hasta hoy en día las molestias no han parado y los vecinos siguen acudiendo a instancias públicas para presentar quejas y exigir que se aplique la ley (Rincón, 2023; Yucatán Ahora, 2023). Lo interesante por resaltar de este caso es que el reglamento municipal en materia de ruido fue modificado a través de procesos de gobernanza, puesto que el Ayuntamiento organizó distintas mesas de trabajo que involucraron a vecinos, empresarios hoteleros, líderes de asociaciones civiles y propietarios de los negocios que producen ruido (Novedades Yucatán, 2019); no obstante, la falta de compromiso del Ayuntamiento por hacerlo valer deja en evidencia un tema de gobernanza fallida.

Infiniti Mérida

El segundo caso es la construcción de Infiniti Mérida, un complejo residencial que estará ubicado en el fraccionamiento Monterreal (sobre la Avenida Cámara de Comercio) y que se conformará, entre varias cosas, por siete torres, más de 600 departamentos y más de 1,000 cajones de estacionamiento (Infiniti Mérida, s.f.; Rincón, 2022). Ante la magnitud de la obra, los vecinos de la colonia y de otras aledañas (como Montebello, Montecristo, Sol Campestre y Monte Albán) se han organizado y manifestado en varias ocasiones porque consideran que, por un lado, la obra no cumple con los lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y, por el otro, que ocasionará graves problemas urbanos en la zona, como son el incremento de la congestión vial e impactos severos en el medio ambiente.

Si bien en junio de 2022 los vecinos lograron que el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán diera una suspensión definitiva para el desarrollo, señalaron que el juez les solicitó 3 millones de pesos para mantener la suspensión durante todo el proceso judicial y, debido a que ellos no contaban con tal cantidad de dinero, la construcción ha seguido avanzando hasta la actualidad (Bote Tun, 2023a; Rincón, 2022; Chan Caamal, 2022).

Parque Central de Altabrisa vs. Parque Tho´

El tercer caso se sitúa en la zona de Altabrisa en donde, a mediados del 2022, el gobierno municipal pretendió despojar un terreno en el que originalmente, y como lo había prometido diez años atrás, iba a construir un parque, el “Parque Central de Altabrisa” (Domínguez Massa, 2022). Vecinos de la colonia denunciaron en su momento estas acciones y se organizaron muchas veces para impedir el despojo. Un año después, el gobierno municipal anunció que se construiría en la misma zona (mas no en el mismo terreno sujeto de despojo) el Parque Tho’, un parque con una extensión proyectada de ocho hectáreas, distintas áreas recreativas y que “atenderá el déficit de grandes espacios recreativos públicos que presenta la zona” (Ayuntamiento de Mérida, s.f.).

Sin embargo, los vecinos actualmente se oponen a este proyecto no solo porque consideran que no cumple con los permisos suficientes de uso del suelo y un estudio de impacto ambiental, sino porque, por un lado, el Ayuntamiento intercambiaría el terreno donde debería estar el Parque Central Altabrisa por otro que es propiedad de una empresa inmobiliaria, esto con la finalidad de construir Parque Tho’. Así, los vecinos ven mal este negocio porque la empresa inmobiliaria construiría más condominios en la zona, lo que provocaría mayores problemas urbanos (Bote Tun, 2023b; González, 2023).

Por otro lado, los vecinos han expresado que no desean un parque como el de Central Park en Nueva York, tal y como el gobierno municipal presentó al Parque Tho’ a medios de comunicación, sino uno pequeño y que no cause problemas subsecuentes en la movilidad de la zona (Chan, 2023).

Los casos anteriores demuestran que es imposible para la ciudadanía local, aun organizada y ejerciendo presión, el dialogar con la administración municipal 2018-2024, cerrándose así la posibilidad de que exista verdadera gobernanza. Las mantas que los vecinos han colgado (ver figuras 1 a 3) no solo legitiman y hacen visible sus luchas contra el voraz e indiferente avance de las empresas sobre el espacio urbano, sino que simbolizan gritos de auxilio por el silencio del Ayuntamiento.

Por último, debe destacarse que en todos estos casos la voluntad e intereses de la iniciativa privada están por encima de las decisiones del sector social. ¿Qué motivos existen para que el gobierno municipal no pueda mediar y así solucionar los conflictos? ¿Acaso el sector empresarial de Mérida sobrepasa en poder y autoridad al propio Ayuntamiento? ¿La administración 2018-2024 carece de gobernabilidad en asuntos que involucren al sector privado? No cabe duda de que la vitalidad de estos casos seguirá prolongándose, por lo que la gobernanza será necesaria no solo para llegar soluciones, sino para confiar en que el Ayuntamiento de Mérida realmente está haciendo su trabajo.

Referencias

  • Aguilar Villanueva, L. F. (2010). Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar (2da edición). Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.
  • Asuad Sanén, N. E. (2004). La estrategia del cambio: ¿Modernización sectorial o desarrollo regional y territorial? En J. Delgadillo (Coord.), Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México (pp. 137-184). Universidad Nacional Autónoma de México.

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