La crisis de acceso a la vivienda para los menores de 30 años en Mérida es un síntoma de una problemática estructural que afecta a una generación entera. Lo que solía ser un paso natural hacia la independencia y la construcción de un patrimonio personal se ha convertido en un sueño inalcanzable para miles de jóvenes en la región.
Según datos recientes, en 2015 este grupo adquirió alrededor de 3,500 viviendas al año en Yucatán; sin embargo, para 2023, esta cifra se redujo drásticamente a sólo 300 viviendas. La combinación de precios exorbitantes, ingresos insuficientes y una oferta limitada de viviendas accesibles ha creado un escenario de exclusión para quienes apenas comienzan a establecerse en el mercado laboral.
En la actualidad, el precio promedio de una vivienda económica en la región ronda los 500,000 pesos y están ubicadas principalmente en municipios periféricos como Kanasín, Umán y Ucú. Para los jóvenes con ingresos mensuales menores a 9,000 pesos, acceder a un crédito hipotecario que cubra esta cantidad es una tarea titánica. Aún con los programas gubernamentales de apoyo, como los impulsados por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la oferta sigue siendo insuficiente.
La falta de oportunidades no solo afecta a los individuos, sino también a la economía local. Una generación que no puede invertir en vivienda es una generación que también ve limitada su capacidad de contribuir al desarrollo económico sostenible de su comunidad. Además, esto genera un efecto cascada que impacta sectores como la construcción, los servicios financieros y el comercio.
Para enfrentar esta crisis, es imperativo que las autoridades y el sector privado adopten un enfoque integral. La construcción de vivienda asequible debe convertirse en una prioridad, pero no puede lograrse sin un marco de políticas públicas coherente. Esto incluye subsidios dirigidos a los sectores más vulnerables, programas de crédito accesibles, y la promoción de desarrollos urbanos sostenibles que no perpetúen la segregación social.
Por otro lado, se necesita también una transformación cultural y social respecto al papel de las ciudades y su planeación. Urge repensar el modelo de urbanización de Mérida para que deje de privilegiar desarrollos residenciales de lujo dirigidos a mercados extranjeros o de altos ingresos, y comience a atender las necesidades reales de su población joven.
La vivienda es un derecho humano fundamental, y su falta de acceso refleja una desigualdad creciente que no podemos permitir que se normalice. Los jóvenes de Mérida merecen oportunidades reales para construir un futuro en la ciudad que llaman hogar. Es responsabilidad de todos -gobierno, empresas y sociedad civil- asegurar que este derecho deje de ser un privilegio inalcanzable y se convierta en una realidad para todos.
Lorena González Boscó, comunicóloga, internacionalista, profesora universitaria, constructora de ciudadanía, periodista, amante de los perros y amiga de los gatos. «Siempre he creído que más vale gente comprometida que capaz, porque la comprometida se hace capaz, pero la capaz no necesariamente comprometida.»
ENTRADAS RELACIONADAS