El 11 de marzo, en nuestro Pilón Editorial de las 5 de Vive Mérida señalamos que la protesta ciudadana que está emergiendo en Yucatán podía ser una bomba de tiempo para la pretensiones electorales del PAN en el estado en el 2024. Se ha quitado el seguro de la bomba que está a punto de ser lanzada para mostrar un escenario recurrente de violación a los Derechos Humanos de la libertad de asociación, reunión y manifestación, así como del agua y saneamiento, por parte del actual gobierno hacia su ciudadanía.
Con sólo unos días de diferencia, entre el 8 de marzo y el actual 22 de marzo, la voz de las y los habitantes de Yucatán exponen claramente que existen demandas que no están siendo atendidas y que por el contrario se han convertido en blanco de persecuciones políticas y penalizaciones.
Cuatro personas privadas de su libertad, era el saldo reportado hasta las 23:30 horas del día de ayer en redes sociales, los hechos se registraron una vez que concluyó la Megamarcha en solidaridad al pueblo de Sitilpech que fue convocada por 16 colectivos, y la cual asistieron cientos de personas, al igual que sucedió por la defensa del INE y el 8M.
Una manifestación como la de ayer y las anteriores, no se dan porque los gobiernos están actuando conforme a Derecho o se estén atendiendo la necesidades de la población, es todo lo contrario, las cosas no se están haciendo bien, y el pueblo ya no tiene ganas de que las cosas sigan en ese curso.
Es probable que en estos actos hay infiltraciones de fuerzas políticas opositoras al actual gobierno de Yucatán, y los gobernantes lo tomen como afrenta de sus adversarios, Sin embargo, si esa es la única postura que alcanzan a vislumbrar o criminalizar las pintas, la bomba a la que ya se le quitó el seguro está a punto a lanzarse.
Quienes gobiernan, no pueden seguir ostentado en los medios los logros alcanzados entre las inversiones extranjeras, el turismo, los programas sociales o que son ambientalistas.
Es urgente que den respuestas respaldadas con acciones a los problemas y demandas de los ciudadanos, lo que al final les abonará a su capital político en vez de restarlo por detenciones por pintas, mientras los feminicidas andan sueltos, la población se enferma por beber y usar agua contaminada, porque no hay procuración de justicia o el gobierno no puede regular el impacto ambiental de una empresa por atender intereses particulares.
