El uso de la bicicleta como medio de transporte en sí mismo, representa resistencia en un mundo diseñado para automóviles. ¿Pero puede convertirse además en medio para visibilizar otras luchas?
Está mañana el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán (CCAY) estuvo presente en el Foro Nacional de la Bicicleta, en donde dieron a conocer la situación actual del recurso hídrico en Yucatán y la necesidad de acciones ciudadanas para exigir el Derecho Humano al Agua (DHA).
Este derecho, considerado en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, pueden defenderse desde la bicicleta, así lo dijo Rosario May, integrante del CCAY.
Sobre dos ruedas, apuntó, las y los ciclistas pueden participar en campañas de limpieza, promover políticas públicas e incluso manifestarse o hacer rodadas. Desde su visión, todo esto les atraviesa debido a que requieren del agua para bañarse tras desplazarse en bici, para hidratarse durante los trayectos y, sobre todo, como parte de la ciudadanía.
El Estado no hará nada con respecto a la crisis hídrica si no se le exige, opinó, por eso invitó a la ciudadanía a hacer algo, proponiendo acciones como el uso responsable del agua en lo individual, pero también en lo colectivo, denunciando a quienes se identifiquen que contaminan o la usan inadecuadamente.
Otra de las propuestas fue organizarse como ciudadanía para tomar cartas en el asunto, sea con manifestaciones, concientización o de formas diversas, siempre en pleno reconocimiento de que el agua es un derecho humano y debe garantizarse.
En específico alrededor de la bicicleta, señaló que utilizarla como medio de transporte contribuye con la disminución de la contaminación auditiva y reduce la huella hídrica. “¡Cuida el agua moviéndote en bici!”.
Rosario May, abundó en el tema del agua declarando que “en Yucatán no hay agua potable, se clora el agua y se entuba”, razón por la que es tan importante sumarse a esta lucha desde la bicicleta o desde cualquier trinchera; destacó que solo 3 por ciento de las aguas residuales se tratan.
«Si el desarrollo no beneficia a la población, no es desarrollo».
RM
Actualmente, dijo, existen diversos proyectos que llaman “desarrollo”, como los terrenos de inversión; sin embargo, estos benefician solo a una pequeñísima parte de la población, mientras que dejan problemáticas para la mayoría. «Tenemos un estado que no protege a la población, protege al capital».
Para contribuir con la defensa del agua, desde el CCAY, han creado las contralorías por el recurso hídrico, tomando como referente el proyecto llamado Tocoyani, que promueve la Contraloría Autónoma del Agua. Este proyecto busca garantizar el derecho al agua y erradicar proyectos dañinos y contaminantes.
Teresa Vaught, también integrante del Consejo, indicó que con estas contralorías la ciudadanía se une para defender a comunidades mayas en resistencia, exigiendo leyes más justas y haciendo propuestas para las mismas; también realizan otras acciones como manifestaciones, foros, talleres y labores de vigilancia.
Estas contralorías están contempladas en la legislación, por lo que pueden llevarse a cabo respetando los derechos de las comunidades al tiempo que fomentan una democracia participativa.
Hoy en día, ya cuentan con contralorías de este tipo Mérida, Hunucmá, Santa María Chi y otros municipios, pues desde la perspectiva «si no se denuncia nunca va a acabarse (el problema)» es urgente concientizar para que la propia ciudadanía sea quien defienda el territorio.
Las contralorías ayudan a que la gente conozca sus derechos y se organice para defender su territorio, explicó, pues “el problema son las empresas”.
El agua cae del cielo y, sin embargo, se privatiza y no es accesible para todas las personas como contempla la propia Constitución.
En Yucatán, dijo, hay 508 granjas actualmente y en realidad son “fábricas de cerdos”, muchas de ellas cercanas a cenotes e incluso a hogares, aunque deberían estar mínimo a un kilómetro, siguiendo la propia legislación.
«Estos proyectos extractivos y neoliberales no pueden estar sobre suelo kárstico».
TV
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