Pretender una campaña publicitaria para persuadir a los residentes de una comunidad que es mejor construir edificios que un parque, en estos tiempos de cambio climático resulta un despropósito y una falta de respeto a la inteligencia ciudadana, en pos de los intereses de autoridades municipales y desarrolladores inmobiliarios.
Los intereses particulares sobre los generales es una constante, y preocupa cuando son las autoridades quienes lejos de buscar el bienestar de la comunidad por el que trabajan, utilizan el aparato gubernamental y el capital privado para lograr los propósitos particulares de unos cuantos sobre el interés y bienestar de la ciudadanía, y es lo que está pasando en la zona de Altabrisa donde desde hace 10 años hay la promesa de construcción de un parque que no sucede, y está en peligro de que así suceda, porque para el municipio resulta más atractivo recibir 248 millones de pesos por la venta del predio en cuestión en un cálculo de 8 mil pesos por m2 de un predio de un poco más de de 31 mil m2.
Gato por liebre
Hace un par de meses, una invitación de las autoridades municipales invitó a los residentes de la zona a conocer unos vestigios arqueológicos ubicados en otro predio de la zona, y con ello sensibilizar a los vecinos del área sobre la importancia de preservar este tesoro arqueológico. Sin embargo, esta estrategia es para lograr el consenso vecinal y así conseguir la permuta del predio prometido por el que contiene los hallazgos del pasado, y está protegida por el INAH.
Sin embargo, la treta no ha hecho mella en la Asociación de Colonos de Altabrisa A.C, quienes no quitan el dedo del renglón sobre la construcción del parque, y ya se sentaron con las autoridades a negociar sobre el tema, con varios elementos a favor, como que 30 de marzo de 2006 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán se publicó el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Altabrisa” el cual es complemento del Desarrollo Urbano de Mérida 2003, en donde se plasmó la infraestructura, equipamiento, vialidad, imagen urbana, riesgos y emergencias urbanas y en el cual se establecen como asignación como áreas verdes 8.61 hectáreas.
En una rueda de prensa que convocaron el pasado sábado 23 de julio, un residente dijo “dónde están los desarrolladores que fraccionaron y construyeron en la zona, los que nos vendieron nuestras casas, con la promesa de que a falta de jardines internos en la viviendas se tendría un parque, hay que ir a buscarlos.” Mientras que otra vecina urgió a firmar una petición en plataformas para detener las intenciones del municipio y los desarrolladores.
¿Hay presupuesto para el parque?
Hay 40 millones de pesos, que es lo que se pretende construir el otro predio con el que se pretende la permuta, y como apunta otro de los vecinos de la comunidad “al menos con esa cantidad alcanza para limpiar el terreno y poner unas bancas o alumbrado, y lo que faltará con el empréstito de 350 millones de pesos que le acaba de aprobar el Congreso local al Ayuntamiento.”
Si bien es cierto, las tres hectáreas en cuestión representan alrededor del 37% de las áreas verdes estipuladas en el Programa de Desarrollo Parcial de Altabrisa , y todavía quedan otras, pero juntas no ajustan en total la dimensión prometida en áreas verdes para la zona, y que incluso igualmente se deben conservar, porque ya que hay otros desarrollos inmobiliarios en construcción en este momento en la demarcación.
Más gris por el concreto ya no se puede poner en la zona, ya que se potencia el riesgo inminente la falta de recursos para la zona como es el agua, además de perder un pulmón importante de la ciudad si se continúa con los desarrollos inmobiliarios. Si en un principio el desarrollo urbano de Altabrisa pudo ser factible, hay nuevas noticias: el cambio climático está dando otras coordenadas.
La pretensión de este desarrollo inmobiliario también afecta a las colonias Montecarlo y Montebello, por lo que estas comunidades no deberían permanecer estáticas ante los sucesos.
El rumbo que tome este asunto no debe quedar en la manos de la voluntad política de las autoridades, sino de la voluntad política de los ciudadanos por hacer valer sus derechos sobre los acuerdos entre comunidad y gobierno, de lo contrario el marcador puede quedar: 1-0 a favor de la corrupción vs. la participación ciudadana.
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