El foro «Defender derechos no es un delito» realizado en el Congreso del Estado de Yucatán, fue un espacio de diálogo que reunió a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones como Amnistía Internacional México, Kanan Derechos Humanos, Somos Periodistas e Igualdad Sustantiva Yucatán con el fin de enriquecer el trabajo legislativo a favor de quienes defienden derechos fundamentales.
En el foro, las y los participantes denunciaron la criminalización de la defensa del territorio y la libre expresión, además del uso del aparato de justicia penal, civil y administrativo como una herramienta de intimidación.
Las organizaciones señalaron que es sumamente grave que Yucatán sea uno de los pocos estados que aún mantienen delitos antiguos en su Código Penal que son utilizados para criminalizar a quienes defienden el agua, el medio ambiente y el territorio.
El abogado Miguel Anguas, de Kanan Derechos Humanos, cuestionó la narrativa de Yucatán como el estado más seguro del país, advirtiendo que defender la tierra y ejercer el periodismo crítico se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido a una violencia institucional silenciosa pero destructiva.
Citó casos concretos de comunidades mayas como Sitilpech, Chapab, Santa María Chi e Ixil, donde pobladores que protestan contra megaproyectos o la especulación inmobiliaria son detenidos de manera arbitrarias y luchan contra la fabricación de carpetas de investigación por delitos como obstrucción de vías de comunicación.
Javier Escalante, del colectivo Somos Periodistas, enfatizó que Yucatán es uno de los últimos cuatro estados del país que aún contemplan delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria) en el Código Penal, lo que genera un efecto paralizante y de autocensura en la prensa.
Recordó que Somos Periodistas ha exigido en varias ocasiones a las y los legisladores derogar dichos delitos, que permiten la persecución de la protesta y la labor periodística, alineando las leyes estatales con estándares internacionales:
La primera fue en una solicitud enviada al Congreso en 2022 y la segunda fue el 23 de noviembre de 2022, cuando con apoyo de la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), elaboró una propuesta de iniciativa que entregó al Congreso, misma que fue retomada por la diputada Fabiola Loeza, quien la presentó al Pleno, aunque la reforma nunca avanzó y finalmente fue desechada.
Rowan Madrid, de Igualdad Sustantiva Yucatán, subrayó que estos artículos no son neutrales y se usan para inhibir la manifestación en el espacio público, bajo la narrativa de proteger la paz.
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, enfatizó que la defensa del territorio es una responsabilidad moral frente a la injusticia ambiental. Planteó que la protesta es un “derecho llave” que permite acceder a otros derechos, aunque resulta incómoda para el Estado porque expone fallas de poder, lo que lleva a estrategias de represión como la estigmatización, el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y amenazas. Protestar es un derecho, no un crimen.
Representantes de la sociedad civil, periodistas, ciudadanas y ciudadanos de diversos municipios presentaron sus demandas, expresaron su frustración ante el hecho de que esta es la segunda legislatura en la que se presenta una propuesta similar sin éxito todavía.
«Un periodista no miente ni difama, busca exponer hechos que nos atañen a todos»,
señaló el periodista Rafael Gómez Chi durante el espacio de micrófono abierto.
Al cierre del foro, la diputada Clara Rosales se comprometió a que el foro no sea un trámite más, sino que derivará en acciones concretas. Aseguró que existe la voluntad política para que Yucatán avance hacia un estado de derechos donde defenderlos no sea castigado.
Cabe mencionar que el foro se realizó en seguimiento a la entrega de una propuesta de reforma elaborada por Amnistía Internacional, Kanan Derechos Humanos, Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán y Reflexión y Acción Feminista para modificar diversas normativas locales con el objetivo de detener la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Como se recordará, dicha propuesta fue entregada el pasado 24 de octubre de 2025.
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