5 Pueblos mayas se unen contra la minería en Yucatán, en defensa de sus viviendas y el medioambiente
El miércoles 20 de agosto representantes de los pueblos de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texan Cámara presentaron formal solicitud a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Yucatán, exigiendo se niegue el permiso 049/2025 relativo a la Solicitud de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto denominado “Banco de materiales” PROSER-agregados.
A través de un comunicado, dieron a conocer que este proyecto es un banco de materiales para explotación de estrato seco, planta trituradora y asfalto que pretende instalarse dentro del Ejido de San José Tzal, y que afectaría no solamente a los pueblos que presentaron la solicitud sino también a Tebec, Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá.
La lucha por las afectaciones ambientales y hacia los pueblos de esta empresa, dieron a conocer, no inicia con este proyecto, sino que desde hace varios meses comenzó en Xcucul, pues allá ya existe un banco de materiales para la extracción en estrato húmedo, promovida también por la empresa PROSER S.A. de C.V., y ha dañado las viviendas de los pobladores y afectado el entorno ambiental de la región y la salud de las y los pobladores.
La explotación de bancos de materiales pétreos no es una actividad reciente en la península; sin embargo, la elevada demanda de insumos frente al incremento de megaproyectos en el estado, como el Tren Maya, detonó una expansión sin precedentes en la actividad minera.
En este contexto, empresas mineras obtuvieron autorizaciones de las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para el cambio del uso de suelo, ya fuera para poder deforestar los sitios destinados a nuevos bancos de materiales o para realizar extracciones por debajo del nivel freático. Estas prácticas han provocado la destrucción irreversible del suelo kárstico, afectando directamente la integridad del sistema acuífero y poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de un territorio especialmente frágil en el norte de la península.
En el caso del permiso 049/2025 relativo a la Solicitud de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto denominado “Banco de materiales” PROSER- no se ha realizado ninguna consulta en materia indígena a pesar de que el proyecto se pretende desarrollar en territorio maya.
En ese sentido, existe una clara violación al derecho al territorio y a la libre determinación de esos pueblos, quienes serán afectados de manera grave por los impactos ambientales, a la vivienda, a la salud y al agua que el proyecto minero generará. Cabe resaltar, que a pesar de que el permiso no ha sido resuelto, ya se encuentra maquinaria trabajando y desmontando territorio del pueblo de San José Tzal, situación que implica una violación a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, que debe ser investigada y sancionada por la SDS, lo cual ya ha sido denunciado por las comunidades arriba mencionadas ante dicha dependencia.
Las y los representantes de los pueblos mayas hacen un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), ante las violaciones realizadas a dichos pueblos mayas por parte de la SDS.
«La aprobación de los mal llamados proyectos de desarrollo en territorio indígena, sin que exista un proceso de diálogo intercultural en donde se brinde información a las comunidades, se les permita participar en la manifestación de impacto ambiental y se tome en consideración su decisión, como dueños del territorio, representa una clara muestra de racismo institucional que sigue colocando los derechos de pueblos y comunidades por debajo de las necesidades empresariales».
señalan
Los pueblos mayas piden a la SDS y al gobierno del estado de Yucatán:
- Iniciar el procedimiento de inspección y clausura de las actividades que de manera ilegal se han iniciado en el territorio del Pueblo de San José Tzal, realizando todas aquellas acciones tendientes a detener las obras ilegales y reparar el daño de las comunidades afectadas
- Negar el permiso 049/2025, por violarse derechos de los pueblos y por representar riesgos importantes de afectación al territorio, el agua, el medioambiente, la vivienda y la salud de los pueblos de Tebec, Xtepén, Hotzuc, Petecbiltun, Texán Cámara, San José Tzal, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá
- Respetar el derecho a la libre determinación del pueblo maya no aprobando ningún proyecto que afecte su territorio y sin realizar las debidas consultas en la materia, de conformidad con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Constitución mexicana.
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