“Ni se atreva a gritarles, o a tocarles el claxon” fue una de las tantas frases que se me quedaron grabadas. Una señora de aproximadamente 70 años le decía al resto de los transeúntes y conductores que se entremezclaban lentos y algo perdidos en medio de una marcha de madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Después nos comentó a quienes la entrevistamos: “¿Cómo se atreven las personas a juzgar a estos padres dolientes, si fueran sus hijos, si hubieran sido los míos, alguno de mis cinco hijos, no estaría haciendo exactamente lo mismo? Arrancaría pedazos de pavimento si fuera necesario para encontrarlo.”
La señora que entrevisté en aquel 2016 nos representaba a muchas personas que acompañábamos aquella marcha de septiembre a dos años de la desaparición forzada de los muchachos.
Amnistía Internacional define la desaparición forzada de esta manera:
Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional.
Han pasado 10 años desde aquel 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando cuarenta y tres jóvenes alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa Guerrero fueron desaparecidos, hoy se sabe que, con el conocimiento pleno y participación de la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano, quienes en los primeros meses de este suceso negaron toda responsabilidad o intervención, acusando directamente a las policías regionales y a grupos criminales.
Además de la desaparición de los jóvenes, fueron asesinados tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en esa fatídica noche, así como tres personas de la ciudad de Iguala que fueron alcanzadas por las balas al encontrarse con el fuego dirigido a los normalistas.
Por medio de detenciones arbitrarias y torturas se buscó fabricar culpables y dar carpetazo a lo ocurrido, construyendo una ya conocida y deleznable “verdad histórica” que expuso lo más vil del gobierno, encubriendo a los verdaderos responsables y exonerando, cuando no premiando, a participantes de los hechos durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
La cuarta transformación, sólo para algunos
Andrés Manuel López Obrador se va de la presidencia sumando un sexenio a la impunidad que rige nuestro país, se va habiendo hecho aún más grande la herida, porque el dolor es todavía mayor ante la promesa incumplida, el abrazo a las fuerzas armadas que tanto han lastimado a la nación en vez de protegerla y que cada día vemos más alejadas del pueblo y más cercanas al crimen organizado.
La cuarta transformación no sucedió para quienes estaban ávidos de justicia a los jóvenes normalistas y sus familias, para quienes confiaron en que se llegaría a resolver un caso que marca un antes y un después en la historia contemporánea de México.
Dos presidentes han sido poca fuerza contra el monstruo que representa la delincuencia organizada cuando se asocia a las fuerzas estatales del orden. Un amasiato de violencia y corrupción que parece indestructible porque si caen unos, caen todos.
El silencio encubre entonces a todos.
A pesar de las amplias investigaciones e información comprobada con la que cuentan las familias de los normalistas, su equipo de defensa, así como el grupo de expertos GIEI quienes les acompañaron en este proceso, hoy seguimos sin saber lo que se requiere saber con precisión de este horrible suceso. El paradero exacto de los jóvenes sigue sin resolverse. Se cuenta con elementos para lograrse esta resolución, pero las partes que tienen la pieza del rompecabezas que falta, no están en disposición de aclarar absolutamente nada y con ello dar justicia a esta herida nacional. Esa pieza “perdida” se esconde en las voluntades del Estado y sus representantes en todos los órdenes de gobierno.
¿Por qué resulta tan importante no desestimar este caso y seguir luchando por llegar a la verdad? En palabras de la periodista de investigación Anabel Hernández, a través de la Nota Final de su libro La verdadera noche de Iguala podemos respondernos…
La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse; cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. Resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables: los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el más alto nivel protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata sólo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos, significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero de corrupción, impunidad y violencia.
Se sigue y se seguirá exigiendo justicia, hasta que ésta habite entre nuestra población.
¡Ayotzinapa Vive!
Daniela Esquivel: Directora de escena, promotora de lectura, profesora y colaboradora de medios digitales. Exploradora gastronómica y lectora incansable. Nómada entre la Gran Tenochtitlan y la Tierra del Faisán y del Venado.