Parecería que en este país hay quienes pueden acceder a la justicia y quienes jamás podrían soñar con ello. Una justicia inexistente es lo que vemos prevalecer en nuestra ciudad, en nuestra nación.
Es por ello que es notable la importancia de haber hecho presente la exposición del caso de José Eduardo Ravelo y la exigencia de justicia durante la Marcha de Orgullo y Protesta LGBT+ del pasado 19 de junio. La presencia de voces disidentes que visibilicen que en esta ciudad existen crímenes como el ocurrido a “El güero”, podrían suceder a cualquiera de la población independientemente de su orientación sexual, etnia y edad.
El próximo 21 de julio de este 2022, se cumplirá un año de la arbitraria detención, la brutal violación y la impune acción de elementos de la policía municipal de Mérida en contra de José Eduardo Ravelo Echavarría, de 23 años y originario de Veracruz.
Su detención, ejecutada con desmedida e incomprensible violencia ocurrió en las calles del Centro Histórico de Mérida. Con el indignante argumento de que José Eduardo parecía sospechoso y tenía un comportamiento inadecuado, pero sin una verdadera causal de carácter legal que ameritara la retención de parte de los agentes, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la policía. Durante su detención fue golpeado, torturado y violado. Estas atrocidades fueron narradas por el mismo José Eduardo a su madre, ya estando en estado crítico y quien a consecuencia de estas vejaciones falleció el 3 de agosto de 2021.
El día de su detención se encontraba dejando solicitudes de empleo, explica el periodista Herbeth Escalante del medio Pie de página y había dejado Isla Veracruz por los altos índices de inseguridad para los jóvenes de su generación que son cooptados por la delincuencia organizada e integrados a sus filas. Buscaba en la “ciudad más segura del país” un mejor porvenir.
Después de ser liberado, al día siguiente de su detención, se comunicó con su madre quien llegó el día 24 de julio a la ciudad de Mérida, encontrando a su hijo en un gravísimo estado. En el hospital O’ Horán donde fue recibido el médico que lo atendió le inquirió “¿Cómo que te violaron policías? ¿No será que eres gay?”, a lo que su madre respondió “…aunque lo fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violarlo”.
El abominable abuso de autoridad y flagrante delito que cometió el cuerpo policiaco de la llamada “Ciudad Blanca”, evidencian sin dejar lugar a dudas lo vulnerable que se encuentra toda la población y con mayor énfasis quienes podrían pertenecer a alguna minoría o disidencia.
Quienes deberían prodigarnos protección y ser dignos representantes del Estado, con sus continuos abusos y violaciones a los derechos humanos lo que hacen patente es justamente esa carencia de un estado de derecho real y absoluto.
Desde el inicio de las investigaciones tanto los policías municipales que participaron en la detención (y quienes ya fueron liberados porque el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda afirmó que no hay pruebas suficientes que los inculpen), como los policías que lo ingresan a la comandancia han sido absueltos de toda culpabilidad en los hechos.
Este caso plagado de indudables inconsistencias y contradicciones y que fue atraído por la FGR, que ha cuestionado tremendamente la administración del alcalde Renán Barrera, que formará parte del historial administrativo del gobernador Mauricio Vila y que en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador “no hay justicia pronta ni expedita” y calificado por él mismo como “crimen de odio”, parece ser una herida más al tan continuamente lastimado pueblo mexicano ante el prácticamente inexistente sistema judicial que nos proporcione garantías.
El caso de José Eduardo Ravelo dolorosamente parece sumarse al interminable inventario de casos que quedan en la impunidad y en el olvido, pero que nos permea profundamente a quienes en estas historias vemos nuestra propia existencia expuesta y frágil, totalmente vulnerable a que el día de mañana la violencia y la injusticia nos pudiera alcanzar y que nadie, absolutamente nadie, pague por ello.