Más allá de los números, hablar de las estadísticas alrededor de la informalidad es importante porque permite entender cómo se encuentra la ciudad, porque mientras más informalidad existe, mayor incertidumbre, falta de garantías y riesgos enfrenta la gente.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Mérida la informalidad laboral –en el tercer trimestre del año– prevalece con una tasa de 45.2%.
Esto, más allá de una cifra, muestra que hay un alto porcentaje de la población que, a pesar de tener trabajo, se encuentra en una situación laboral vulnerable, ya que no cuentan con derechos como la seguridad social.
Pero esta no es la única forma de trabajar de manera informal, si consideramos que también hay personas que trabajan desde sus hogares, con sus propios recursos, pero sin constituirse como una empresa; la tasa de personas en esta situación en la capital yucateca es de 24.6% –con los mismos datos del INEGI–.
Conocer las condiciones laborales: salarios, horas trabajadas, prestaciones, seguridad social y forma de contratación de los trabajadores permite reconocer la realidad que atraviesan las personas.
En este caso, un gran porcentaje de la población se encuentra laborando sin derechos, que no solamente implican la seguridad social, sino también el goce y pago de vacaciones, aguinaldo… Y hasta la incertidumbre para la vejez.
Conocer esta realidad, también permite entender las desigualdades que se enfrentan en la ciudad, pues el hecho de que las personas acepten trabajos informales, es una forma de evidenciar que no hay otras opciones, no hay suficientes empleos formales.
Esto, aunque no es culpa del individuo, sino del sistema actual; afecta más que únicamente a la gente que vive en la incertidumbre, también provoca menor recaudación de impuestos, es decir, menor cantidad de recursos para invertir en escuelas, hospitales, transporte, espacios públicos, etcétera.
Tener un trabajo que garantice las prestaciones de Ley no es solo un derecho básico, sino una forma de reconocer la dignidad de las personas. Cuando esto no ocurre, el Estado le falla a la gente al vulnerar esa dignidad y los derechos que deberían protegerla.
Nota al margen: Hay que considerar que además esto ocurre en una ciudad donde la gentrificación y la turistificación han incrementado los costos de vida: vivienda, alimentación, entre otros servicios necesarios.
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