Por Miguel Angel Manzanero Chan

El gobierno del estado de Yucatán en su Plan Estatal de Desarrollo (2018-2024) asegura es la primera vez que el Plan estatal contiene un Proyecto de Mediano Plazo, así como un Proyecto Verde y Sustentable en el que se integran los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 con el compromiso de promover el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en cada región.

Por su parte el Presidente Municipal en su Plan de Desarrollo Municipal declara estar alineado también a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y asegura que son “las personas el centro de las decisiones” y “el ejercicio democrático” la mejor herramienta para avanzar.

Incluso en dicho Plan el Ayuntamiento de la ciudad de Mérida 2018-2024 (capital del estado), asegura aplicar la Gobernanza escuchando a la ciudadanía y se compromete a tener “una mayor conciencia ecológica, respetar los derechos humanos, y darle una vida digna con servicios públicos de calidad, paz social, y oportunidades a los y las habitantes”.

A pesar de que Gobierno Estatal y Gobierno Municipal se encuentran alineados para el cumplimiento de los ODS, y que ambos están conscientes que la gobernanza (la participación ciudadana) es prioritaria y conducente, ambas autoridades la han dejado en el discurso.

Esto se comenta porque en la meta 11.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sostiene que el compromiso de los gobiernos es: “de aquí al 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.

Sin embargo, autoridades Estatal y Municipal, han protagonizado una disputa en el día a día por el uso y apropiación de un lote ubicado en el norte de la ciudad de Mérida. Este lote se encuentra en la zona urbana conocida como Altabrisa, tiene aproximadamente 30 mil metros cuadrados y está rodeado de 3 avenidas y una calle secundaria.

Cabe aclarar que el lote representa un pulmón verde en medio de las grandes edificaciones urbanas que lo rodean. Por lo que desde hace más de 10 años la comunidad de Altabrisa está exigiendo que las autoridades cumplan con el compromiso de realizar un parque en dicho lote.

La comunidad declara que el presunto parque tiene una ubicación privilegiada en el centro de la comunidad urbana y que ese espacio fue donado al municipio por las constructoras de las viviendas circundantes con la promesa de que fuese su parque.

A pesar de que los vecinos de Altabrisa exigen tener un espacio que les permita ejercer actividad física, entretenimiento y recreación de los menores, adultos mayores, mujeres, y personas con discapacidad, el gobierno municipal ha respondido con negativas y el gobierno del estado simplemente no ha intervenido.

Los vecinos de Altabrisa ejerciendo su derecho a la apropiación del parque lo han nombrado Parque Central y poco a poco han ido utilizando por zonas la gran extensión natural del terreno tanto para actividades de esparcimiento como para actividades físicas.

En medio de esta disputa surgen las preguntas: ¿Por qué las autoridades no quieren hacer el parque? ¿Será el parque Central de Altabrisa la evidencia de gobernanza ejercida en Mérida, Yucatán? o ¿O terminará siendo la evidencia de la falta de ella?

La Gobernanza es definida por Sorensen y Torfing (2009) como la reproducción de los valores de la sociedad civil de manera consensual e igualitaria. Mayntz (1994) la define como la forma de suplir la autoridad central con un proceso de pluralidad de organizaciones tanto públicas como privadas. Por último Rhodes (2007) la identifica como la eliminación de la imposición gubernamental a cambio de mecanismos que permitan una diplomacia y negociación con la sociedad.

En consecuencia la gobernanza la podemos definir en términos coloquiales como la oportunidad de realizar un consenso, entre sociedad privada, sociedad civil, y gobierno para resolver problemas y desacuerdos con la comunidad.

¿Cómo ha ejercido la autoridad la gobernanza? La autoridad estatal ha guardado silencio, mientras que la autoridad municipal ha planeado entregarle el Parque Central a una empresa inmobiliaria para recibir a cambio un lote presumiblemente más grande, pero rodeado 2 grandes bardas y dos calles secundarias, que limitan la movilidad urbana.

¿Por qué cambiar de lugar el parque? ¿Por qué el ayuntamiento decide cambiar el lote, por otro que no es del interés de la comunidad?, a pesar de que existen diversas teorías no se puede afirmar ninguna sino existe evidencia, solo se puede asegurar que el ayuntamiento de Mérida y el Estado no está siendo congruente con su declaratoria de ejercer una gobernanza y escuchar a la ciudadanía.

Asimismo, tampoco están siendo congruentes, con su cabal cumplimiento para favorecer a la sostenibilidad, a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres, y a las personas con discapacidad.

En conclusión es importante mencionar que una administración pública comprometida con la participación ciudadana debe considerar ser congruente en sus acciones, con su discurso, por lo que es imperante que el ayuntamiento o sus representantes, establezcan mesas de diálogo para escuchar a la comunidad de Altabrisa y darle una solución, informando los motivos de sus acciones que favorezcan o no la realización de un parque verde y central

Referencias.

  • Agenda 2030, (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Organización de las Naciones Unidas.
  • Mayntz, R., (1994). Modernization and the Logic of Interorganizational Networks. MPIFG, Working Paper, núm. 4, Colonia, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
  • Plan Estatal de Desarrollo (2018-2024) Gobierno del Estado de Yucatán.
  • Plan Municipal de Desarrollo (2018-2024) Ayuntamiento de Mérida.
  • Rhodes, R., (2007). Understanding Governance: Ten Years on. Leicester, Montfort University.
  • Sørensen, E. & Torfing J., (2009). The European Governance Debate, ponencia presentada en el 21st IPSA World Congress of Political Science.

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