En Yucatán estamos acostumbrados a hablar de grandes temas: turismo, crecimiento inmobiliario, movilidad, seguridad. Pero pocas veces volteamos a ver los problemas que se incuban, literalmente, en el campo. Uno de ellos —silencioso, persistente y costoso— es el gusano barrenador del ganado, una plaga que amenaza no solo a los productores, sino a toda la economía rural del estado.
El reciente llamado de las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de control no es un simple trámite burocrático: es una advertencia seria. El gusano barrenador no distingue entre pequeños, medianos o grandes ganaderos; afecta por igual a quien tiene unas cuantas reses para sostener a su familia y a las empresas que abastecen a buena parte del sureste. Yucatán fue durante años un ejemplo de control exitoso gracias al programa binacional de erradicación, pero hoy estamos en crisis porque los casos van en aumento, ya se superó el millar, y reinfestaciones son reales y crecientes.
El insecto, que invade heridas abiertas en el animal y deposita sus larvas para alimentarse del tejido vivo, provoca pérdidas millonarias. No es solo un problema sanitario: es un tema de bienestar animal, de productividad y de estabilidad económica. En un escenario donde la ganadería yucateca busca fortalecer su presencia en mercados nacionales e internacionales, permitir que esta plaga avance es una contradicción costosa.
Sin embargo, hay responsabilidades compartidas que no pueden seguir evadiéndose. El gobierno tiene la obligación de asegurar recursos suficientes, personal técnico capacitado y campañas de información claras para los productores. Pero los ganaderos también deben asumir su parte: reportar casos, aplicar los tratamientos adecuados y permitir la supervisión sanitaria. El riesgo aumenta cuando se minimiza el problema o se deja para después; la naturaleza, cuando se descuida, siempre cobra factura.
Yucatán no puede permitirse retroceder en materia sanitaria. La ganadería es una pieza fundamental en el rompecabezas económico del estado: genera empleos, sostiene comunidades rurales y equilibra el desarrollo entre la costa, la zona henequenera y el sur profundo. Frenar al gusano barrenador no es solo una tarea técnica: es una decisión política, económica y social.
En un momento donde las crisis globales nos recuerdan la fragilidad de las cadenas alimentarias, Yucatán debe blindarse. La vigilancia sanitaria no puede depender del azar ni de esfuerzos aislados. Urge una estrategia coordinada, sostenida y transparente que involucre a todos los actores.
El gusano barrenador no aparece en las portadas ni genera debates virales, pero sus consecuencias sí podrían sentirse en los bolsillos y en la mesa de miles de familias. Atenderlo a tiempo es un acto de responsabilidad. Ignorarlo sería un error que Yucatán no puede darse el lujo de cometer.
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