Representantes de diversas comunidades mayas, colectivos y organizaciones sociales exigieron al gobernador, Joaquín Díaz Mena, pronunciarse públicamente a favor de la Declaratoria de Emergencia Socioambiental de la península de Yucatán y frenar los megaproyectos que, aseguran, amenazan la vida, el agua y los territorios de los pueblos originarios.
El pronunciamiento, firmado por comunidades de Santa María Chi, Kinchil, Homún, Hotzuc, Tebec, Chocholá, Tekit, Puerto de Sisal, Isla Arena, Kanxoc, Xcucul Sur y Mérida, fue resultado de una asamblea realizada el pasado sábado 25 de octubre, donde los pueblos acordaron exigir al gobierno estatal una respuesta formal ante la declaratoria entregada a las autoridades federales y estatales.
Las comunidades denunciaron que los megaproyectos agroindustriales, cárnicos, energéticos, inmobiliarios y turísticos, además del Tren Maya, han provocado deforestación, contaminación del agua y pérdida de suelo, afectando directamente sus formas de vida.
“No existe el renacimiento maya: los mayas no hemos desaparecido, seguimos vivos. No somos un slogan de gobierno. Tampoco puede haber desarrollo sustentable cuando se construye sobre la devastación de los territorios, de la naturaleza y de los pueblos que les dan vida”, señalaron en el documento.
Las y los firmantes también criticaron que, aunque muchos de estos proyectos no comenzaron con la actual administración, el gobierno de Díaz Mena ha mantenido silencio frente a las demandas socioambientales y, en algunos casos, ha incentivado nuevas iniciativas industriales, como la cervecera en Kanasín.
Asimismo, denunciaron la criminalización de la defensa del territorio, particularmente en comunidades como Xcucul Sur, Santa María Chi y Kinchil, donde personas defensoras ambientales han enfrentado amenazas y procesos legales por oponerse a proyectos contaminantes.
Entre las principales exigencias al gobierno estatal destacan:
- Suspender la autorización de nuevos proyectos extractivos, agroindustriales, mineros e inmobiliarios, así como revisar los que operan de forma irregular.
- Realizar inspecciones integrales a empresas porcícolas, mineras y turísticas que generan contaminación.
- Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en cualquier proyecto que afecte territorio maya, como el banco de materiales en San José Tzal.
- Crear una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular, con participación directa de comunidades, academia y organizaciones civiles.
- Proteger a las personas defensoras del territorio y del medio ambiente, y poner fin a la criminalización de sus luchas.
Finalmente, las comunidades recordaron que su derecho a decidir sobre sus territorios está amparado por la libre determinación de los pueblos indígenas, por lo que reiteraron que han declarado sus tierras como libres de megaproyectos.
“Nos han acusado de no querer desarrollo, pero no puede haber desarrollo si ya no se puede ir a leñar, si el aire, el agua y el suelo están contaminados. Es necesario que se reconozca la vida, los territorios y la dignidad del pueblo maya, así como los derechos de la naturaleza”, concluyeron.
Aquí puedes consultar el comunicado de las comunidades:
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