Al no incluir una partida presupuestaria específica para atender las necesidades de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+), integrantes del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus interpusieron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado, ya que consideran que es necesario para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos humanos de este sector de la población.

El activista Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, explicó que interpusieron una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito contra Vila Dosal y quienes integran la actual legislatura por la ausencia de una partida presupuestal.

Resaltó que en lo que va de la administración no se ha implementado una política pública directa que garantice los derechos humanos de esta comunidad, lo cual incluso recae en violencia institucional.

Alex Orué, también activista y defensor de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ recordó que es la segunda vez que estarían demandando al Congreso local, ya que la primera ocasión fue para que se vieran obligados a aprobar el matrimonio igualitario.

“Desde que llegó Mauricio Vila a la gubernatura vemos la ausencia de interés en considerar un presupuesto para prevenir la discriminación y atender a comunidades vulnerables, entre ellas la LGBTIQ+”, indicó.

El activista resaltó que se nota en Yucatán el esfuerzo por mantener una imagen de “que no pasa nada”, cuando en realidad se nota la presencia de casos de discriminación en los que hay muchas de la comunidad de la diversidad sexual que son víctimas.

Cuando demandaron al Congreso del Estado por el tema de matrimonio igualitario, lograron un resolutivo favorable y en caso de que ahora sea de la misma forma, se trataría de un suceso histórico.

Para ello, trabajan de la mano con Juan Pablo Delgado, director Ejecutivo de Amicus porque en Guanajuato se realizó el mismo procedimiento en 2022 y demandaron al Congreso del Estado y al gobernador Diego Rodríguez Vallejo.

Habiendo ganado esta demanda de amparo lograron que para 2022 se modificara la propuesta de presupuesto y se incluyera una partida específica para este sector poblacional y para 2023 el Congreso del Estado lo incluyó en automático.

Juan Pablo compartió que este tipo de estrategias ya se implementan en el Estado de México, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco.

“Una parte del país tendría estos presupuestos favorables y se convertirían en un estándar a nivel nacional”, indicó.

De esta manera, esperan que los discursos se conviertan en acciones afirmativas y que no sean sólo temas de cuotas.

En caso de que el amparo interpuesto sea rechazado, se someterá un recurso de revisión y si el resolutivo es favorable, el Congreso del Estado tendrá un mes aproximadamente para hacer las modificaciones correspondientes al presupuesto, lo cual al mismo tiempo se trataría de un hecho histórico.

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