Mientras representantes del sector hotelero han expresado públicamente su postura sobre la regulación de plataformas de hospedaje, hay otra voz que también busca espacio en la conversación: la de quienes rentan sus casas o habitaciones a través de Airbnb.
Uno de los anfitriones* que se define como defensor del tema, sostiene que la principal inconformidad gira en torno al nuevo registro y los requisitos municipales. A su juicio, no existe una crisis documentada que justifique una mayor intervención.
“En cientos de miles de estancias no se ha documentado un problema sistemático que amerite más burocracia”, afirma. Desde su perspectiva, la plataforma ya opera con mecanismos de verificación, reputación y trazabilidad.
Entre los puntos que cuestionan está la claridad jurídica del registro y de las licencias que se están solicitando. Señala que no observa bases jurídicas claras en la página del municipio y que existen amparos en curso sobre el tema.
También plantea un problema operativo: considera que el Ayuntamiento ya enfrenta retos en materia de verificación —como casos de ruido o establecimientos que operan fuera de norma— y que destinar personal a inspeccionar alojamientos podría afectar la atención de otras problemáticas.
Otro de los temores es que el aumento de trámites implique mayor discrecionalidad y posibles riesgos de corrupción.
“Más trámites implican más controles, y eso puede abrir la puerta a malas prácticas”, sostiene.
En el plano económico, advierte que el establecimiento de licencias, cobros y requisitos podría reducir la participación, especialmente de personas que rentan un cuarto para complementar ingresos, o de habitantes de colonias, barrios y comunidades cercanas a zonas turísticas. En su visión, la medida podría frenar el turismo comunitario que las propias autoridades han promovido.
El debate, dice, no es solo técnico sino de enfoque: si se parte de la presunción de que cada actividad económica realizada desde una casa requiere nuevos permisos, o si se privilegia la confianza en el ciudadano.
Además, subraya que los anfitriones ya pagan impuestos federales como ISR e IVA, así como el impuesto sobre hospedaje que la plataforma retiene y entrega al estado. Con la nueva regulación municipal, afirma, se sumarían cobros por licencia, inspección, uso de suelo y otros conceptos que —según calcula— pueden rondar un monto base cercano a cinco mil pesos, además de posibles ajustes en servicios como agua, luz o recolección de basura al esquema comercial.
Sobre la clasificación como actividad comercial, argumenta que no necesariamente existe un uso intensivo de servicios públicos comparable al de negocios como restaurantes. Desde su punto de vista, una persona que se hospeda en una casa no genera volúmenes de basura o consumo eléctrico equivalentes a los de una actividad comercial tradicional. También sostiene que el turismo debe ser inclusivo y no concentrarse únicamente en zonas hoteleras.
“La pregunta es si queremos que la derrama llegue a colonias, barrios y pueblos, o que se concentre en unos cuantos edificios”, plantea.
Mientras tanto, el debate continúa abierto. De un lado, los hoteleros han expresado que la plataforma ha impactado la ocupación hotelera; del otro, anfitriones argumentan que la regulación podría limitar la participación ciudadana en la actividad turística.
La discusión sobre Airbnb en Yucatán no solo trata de plataformas digitales: toca temas de competencia, recaudación, uso del espacio urbano y modelo de desarrollo turístico. Y, como suele suceder, las posturas no son únicas.
*Solicitó mantenerse en el anonimato
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