El acceso al agua no depende únicamente de abrir una llave. También está relacionado con las leyes que regulan cómo se distribuye, protege y garantiza este recurso. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una guía para ayudar a los estados, incluido Yucatán, a armonizar sus leyes con la nueva Ley General de Aguas publicada en diciembre pasado.
El documento busca servir como herramienta tanto para autoridades como para la ciudadanía interesada en comprender cómo funciona el derecho humano al agua y cuáles son las obligaciones legales para garantizarlo.
La publicación ocurre en medio del proceso nacional de transición normativa que comenzó tras la entrada en vigor de la nueva legislación federal el pasado 11 de diciembre. A partir de esa fecha, los congresos estatales cuentan con un plazo de 180 días para adecuar sus marcos legales, periodo que concluirá el próximo 9 de junio.
De acuerdo con Conagua, la intención es que exista mayor uniformidad en las normas relacionadas con el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, bajo estándares similares de protección en todo el país.
La guía presentada incluye elementos que deberán considerar las legislaturas estatales durante este proceso. Entre ellos, un análisis del artículo 4º constitucional y su relación con tratados internacionales, la definición de competencias entre federación, estados y municipios, así como criterios de sostenibilidad enfocados en preservar el recurso para las generaciones presentes y futuras.
Más allá del lenguaje jurídico, el tema impacta directamente en la vida cotidiana de las personas. En la actualidad, distintas zonas enfrentan problemas de abastecimiento, baja presión, contaminación o desigualdad en el acceso al agua, la manera en que se construyen y actualizan las leyes puede influir en cómo se atienden estas problemáticas a nivel local.
Conagua señaló que continuará brindando acompañamiento técnico a los congresos estatales durante el proceso de armonización legislativa, con el objetivo de que las adecuaciones se realicen bajo principios de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos.
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