En México, elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha encendido un debate nacional, nos debe hacer reflexionar sobre las dos caras de la moneda. Por un lado, se plantea como un intento de democratizar una de las instituciones más cerradas del país; por otro, se advierte el peligro de politizar aún más la justicia. Como en muchos temas fundamentales, el juicio no debe ser absoluto. Hay aspectos positivos y negativos que merecen atención y reflexión profunda.
Lo bueno: hacia una justicia más cercana a la ciudadanía
Uno de los argumentos centrales a favor de las elecciones es el combate a la opacidad y el elitismo que históricamente han caracterizado al Poder Judicial. Durante décadas, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura han operado con una autonomía que, si bien es fundamental para el equilibrio de poderes, también ha derivado en cúpulas lejanas al sentir ciudadano. Escándalos de corrupción, privilegios injustificables y decisiones alejadas de la realidad social han minado su legitimidad.
Elegir a los integrantes del Poder Judicial mediante el voto podría abrir la puerta a una mayor rendición de cuentas. Haría que jueces y ministros tengan que dialogar con la sociedad, explicar sus posturas y ser evaluados no solo por sus pares, sino también por la opinión pública. En teoría, esto podría fortalecer la relación entre justicia y ciudadanía.
Lo malo: la amenaza de la partidización y la pérdida de independencia
Sin embargo, llevar las elecciones al ámbito judicial no está exento de riesgos. El principal es la politización del sistema judicial. Cuando quienes imparten justicia deben hacer campaña, buscar respaldo popular y alinearse con plataformas ideológicas, la imparcialidad —pilar fundamental del Derecho— corre serio peligro. Un juez que depende de votos puede inclinarse a tomar decisiones populares, no necesariamente justas o basadas en la ley.
Además, la influencia de los partidos políticos en los procesos electorales es innegable. Si las elecciones judiciales se desarrollan en un contexto de polarización como el que vive México, lo más probable es que los jueces terminen siendo candidatos de facto de los partidos, perdiendo con ello su carácter técnico y autónomo.
El equilibrio necesario: reforma sí, pero con cuidado
El Poder Judicial necesita una reforma profunda, eso es innegable. Pero más que trasladar sus problemas al terreno electoral, se requiere fortalecer sus mecanismos internos de vigilancia, impulsar una auténtica carrera judicial meritocrática, y abrir más espacios de diálogo con la sociedad civil. La transparencia no se logra solo con urnas, sino con instituciones sólidas, procesos claros y ciudadanos informados.
En suma, la elección popular de jueces puede parecer una solución democrática, pero si no se diseña con garantías que protejan la autonomía judicial, puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad. México merece un Poder Judicial cercano, sí, pero también independiente, justo y profesional.
Ejercer el voto es nuestro derecho, pero no hacerlo también.
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