En Yucatán la interrupción legal y segura del embarazo sigue encendiendo posturas encontradas. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado claro que penalizar el aborto es inconstitucional, el Congreso local continúa postergando una resolución definitiva. Entre la exigencia de activistas que buscan garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la oposición, hou se turnaron dos iniciativas sobre el tema en el Congreso.

La interrupción legal y segura del embarazo es un tema de muchas aristas, pero al final se ha consumado como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Esta semana que concluye un grupo de activistas, ante el inicio del periodo de sesiones del congreso lo exigió la pronto análisis y resolución legislativa del tema.

Una de las fuerzas opositoras de esta acción es sin duda la Iglesia Católica, quien jamás ha visto con buenos ojos esta práctica, ya que en sus principios está preservar la vida, y en Yucatán la presencia de este organismo religioso en los asuntos de las conciencias y la política tiene un gran peso como para frenar las decisiones del legislativo al respecto. 

Es así al punto de acudir la mañana de este 26 de febrero de 2025 al recinto del Poder Legislativo, con rosarios en mano, para rezar por la no aprobación de las iniciativas que promueven la despenalización de la interrupción del embarazo; aunque estas este miércoles únicamente fueron turnadas a comisiones, mas no votadas.

PROSCONTRAS
Derecho a decidir: El principal argumento a favor del aborto es la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Se sostiene que nadie, ni el Estado ni la sociedad, debería obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado.Derecho a la vida: Quienes se oponen al aborto argumentan que el feto es una vida humana con derechos desde la concepción, y que interrumpir un embarazo es una forma de homicidio.
Salud y seguridad: En países donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro sus vidas. La legalización garantiza acceso a servicios médicos seguros, reduciendo la mortalidad materna.Alternativas al aborto: Se plantea que en lugar de abortar, las mujeres pueden optar por la adopción, ofreciendo al bebé la oportunidad de vivir con una familia que lo desee.
Circunstancias personales: No todas las mujeres están en condiciones de ser madres debido a factores económicos, sociales o de salud. En casos de violación o incesto, obligarlas a continuar con el embarazo puede causar un daño psicológico irreparable.Consecuencias psicológicas: Algunas investigaciones sugieren que las mujeres que abortan pueden experimentar sentimientos de culpa, depresión y ansiedad a largo plazo.
Reducción de la pobreza: Un embarazo no planificado puede perpetuar ciclos de pobreza, especialmente en mujeres jóvenes sin acceso a educación o empleo. El derecho al aborto permite a las mujeres planificar su futuro y mejorar sus condiciones de vida.Valores y moral: Muchas creencias religiosas y éticas sostienen que la vida es sagrada y que el aborto es moralmente inaceptable. Para estos sectores, la legalización del aborto erosiona los valores fundamentales de la sociedad.

Sin duda el aborto es un tema complejo que involucra principios morales, derechos individuales y consideraciones médicas. Mientras algunos defienden su legalización como un avance en los derechos de la mujer, otros lo ven como una amenaza a la vida y los valores fundamentales. El desafío para cualquier sociedad es encontrar un equilibrio entre la autonomía de la mujer y la protección de la vida, promoviendo políticas que consideren tanto la dignidad humana como la justicia social.

Contraste entre grupos religiosos y argumentos de activistas pro aborto

María Paula Balam Aguilar, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), expresó que los derechos a la libertad de expresión y la libertad religiosa son válidos; sin embargo, esto no puede apelar contra otros derechos humanos.

Enfatizó que es necesario acatar la declaratoria de la SCJN en Yucatán, que considera las 12 semanas como mínimo indispensable para la interrupción legal y segura del embarazo; apuntó también que las semanas pueden incrementarse según cada legislatura.

«Lo que se busca es que la atención sea la más completa y adecuada para atender las interrupciones del embarazo en todo el estado. No se trata de promover, nadie está promoviendo el aborto, sino que tenemos que voltear a ver que todas las iniciativas apelan por la educación integral de la sexualidad, ampliar los métodos antifecundativos y toda una serie de estrategias que lo que buscan es garantizar la salud reproductiva de todas las personas en el estado».

MPBA, CEJUDI

En contraste con estos argumentos, alrededor un grupo de personas religiosas acudieron esta mañana al Congreso pidiendo que se retiren las iniciativas que quitarían del Código Penal la interrupción del embarazo. Además, indicaron que la interrupción tardía del embarazo pondría en riesgo a las mujeres, pues alegan que una de las iniciativas no limita únicamente hasta las 12 semanas de embarazo para realizar el aborto.

En el recinto legislativo, rezaron el rosario, al tiempo que llevaban carteles con frases como «la mujer embarazada merece algo mejor que un aborto».

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