Desde el pasado 17 de julio, entraron en vigor las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, lo que marca un cambio importante para el sector inmobiliario en Yucatán.
Los asesores, agentes y brókers inmobiliarios deberán cumplir nuevas obligaciones legales que los convierten en aliados directos de las autoridades en la prevención del lavado de dinero.
“Los brókers ahora comparten responsabilidad con los notarios y deben conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier operación sospechosa”, explicó Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios de Regcheq México, durante el webinar El impacto de la nueva Ley Antilavado en el sector inmobiliario 2025.
Un reto para el dinámico mercado de Mérida
El auge inmobiliario que vive Mérida y la zona costera del estado, con desarrollos verticales, venta de terrenos y fraccionamientos residenciales, coloca al sector local en el centro de atención.
De acuerdo con especialistas, estas operaciones representan uno de los canales más vigilados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que el movimiento constante de capital puede ser usado para blanquear recursos ilícitos si no hay controles adecuados.
Por ello, los asesores y agencias locales deben aplicar procedimientos más estrictos:
- Verificar la identidad del cliente y documentar cada transacción.
- Detectar al beneficiario controlador de la operación.
- Evaluar el riesgo de cada cliente.
- Conservar expedientes por al menos 10 años.
“Los asesores en Yucatán deben verse como el primer filtro del sistema antilavado”, subrayó Rodríguez. “No basta con vender un terreno o una casa; ahora deben respaldar todo con documentación legal y reportes precisos”.
Multas que pueden afectar a pequeñas agencias
El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias graves. Las multas van desde los 20 mil hasta más de 1.1 millones de pesos, dependiendo de la falta cometida.
Entre las sanciones más comunes se encuentran:
- No presentar avisos al SAT o a la UIF.
- Entregar información fuera de plazo o incompleta.
- No identificar correctamente al cliente o beneficiario.
- No conservar los expedientes requeridos.
“En algunos casos, puede salir más caro no cumplir que implementar los controles”, advirtió Rodríguez.
México bajo evaluación internacional
Estas medidas también forman parte del proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México. El país debe demostrar que aplica las 40 recomendaciones globales contra el lavado de dinero, y el cumplimiento del sector inmobiliario será clave para mantener la confianza internacional.
Periodo de ajuste en puerta
Aunque las reformas ya están vigentes, aún falta la publicación de las Reglas de Carácter General, que se esperan antes de julio de 2026. Estas reglas definirán los procedimientos específicos que deberán seguir los asesores para cumplir con la ley.
“El momento de prepararse es ahora, porque cuando salgan las reglas, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, advirtió Santiago Morales, director general de MoradaUno.
Profesionalización y transparencia en el mercado
En Mérida y otras ciudades de la Península, donde el mercado inmobiliario sigue en expansión, la nueva ley representa una oportunidad para fortalecer la profesionalización del sector.
“La Ley Antilavado ya es una obligación, pero también una oportunidad para trabajar con más transparencia y confianza”, concluyó Morales.
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