La renuncia de Rogeiro Castro como delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán tomó por sorpresa a actores políticos y sociedad civil. Oficialmente, Adriana Montiel, secretaria de Bienestar, afirmó que su salida se debió a motivos personales, una explicación estándar que, además de ser breve, no aclara las razones de fondo detrás de una salida tan repentina. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se limitó a responder que se trata de un tema interno del gobierno federal, dejando la cuestión en manos ajenas y sin aportar mayores detalles.
Lo que más llamó la atención es la ausencia de un sustituto inmediato. Habitualmente, en este tipo de cambios administrativos se tiene un relevo ya definido o al menos anunciado; sin embargo, en este caso no hubo tal movimiento, lo cual alimenta la percepción de que la decisión no fue enteramente planeada.
En declaraciones públicas, Montiel ha señalado que el nombramiento del nuevo delegado será consultado con la presidencia de la República. La forma en que se expresó —casi como si esperara instrucciones directas desde la cúpula federal— fue interpretada por algunos analistas como una señal de que la decisión política está aún en discusión o bajo presión. Más allá de la literalidad de sus palabras, la frase ha encendido especulaciones sobre si existen motivos más complejos detrás del relevo, que podrían involucrar tensiones internas o disputas por el control de las estrategias de bien social en el estado.
Ese interés político no es trivial: los recursos que la Delegación del Bienestar canaliza en Yucatán son significativos. Datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación indican que los **apoyos sociales federales que se gestionan para el estado alcanzan una bolsa de aproximadamente 11 900 millones de pesos en 2026. Esta cifra —que incluye programas como pensiones, becas, apoyos productivos y transferencias directas— representa una responsabilidad financiera enorme y, por ende, un campo fértil para controversias sobre transparencia y eficacia en su distribución.
La importancia de estos recursos queda aún más clara cuando se observa lo sucedido en otras entidades. En Puebla, por ejemplo, en los meses recientes autoridades estatales y federales removieron a varios funcionarios encargados de la entrega de apoyos sociales en municipios, luego de investigaciones por malos manejos y presuntas irregularidades en la operación y distribución de recursos, según reportes locales. Ese caso ha sido citado tanto por críticos como por especialistas en políticas públicas como advertencia sobre los riesgos de opacidad y clientelismo en la gestión de programas sociales.
La salida de Rogeiro Castro, por lo tanto, no puede entenderse únicamente como una decisión personal, al menos no sin una explicación más transparente. Cuando se trata de puestos con acceso a recursos de gran volumen y de programas sensibles para población vulnerable, la ausencia de argumentos claros y detallados solo abre espacio a la desconfianza y a especulaciones sobre posibles malos manejos o presiones políticas internas.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas recurrentes, la ciudadanía y los actores políticos esperan una versión más completa y fundamentada de lo ocurrido, que vaya más allá de un simple “motivos personales” y que responda a las preguntas que realmente importan sobre la gestión y destino de los recursos públicos.
Lorena González Boscó, comunicóloga, internacionalista, profesora universitaria, constructora de ciudadanía, periodista, amante de los perros y amiga de los gatos. «Siempre he creído que más vale gente comprometida que capaz, porque la comprometida se hace capaz, pero la capaz no necesariamente comprometida.»