En México, la movilidad es un derecho humano y, como tal, debe garantizarse. Esto, no solamente implica que exista transporte público, sino que este debe ser de calidad, eficiente, seguro, accesible y sostenible... Todo esto es preciso para ofrecer un servicio digno a la ciudadanía.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que el derecho a la movilidad debe estar en el centro del diseño y desarrollo de políticas públicas en la materia… Las modificaciones que se realicen en torno a la movilidad y, en específico, hacia el transporte público, deben ser en pro de avanzar y no de retroceder.
A pesar de esto, en Mérida, está ocurriendo lo contrario. En la actualidad el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible «Va y Ven» enfrenta diversos retos para continuar operando como hasta ahora. Y es que, a pesar de que este sistema es perfectible, ha conseguido mejorar la eficiencia en el transporte público, así como ha mejorado la infraestructura y logrado que la movilidad sea más inclusiva, por lo que sería fundamental priorizarlo. Sin embargo, las mejoras en el servicio de transporte público corren riesgo.
La reducción de unidades afecta directamente a quienes más dependen del transporte público: personas trabajadoras, estudiantes, personas adultas mayores y con discapacidad. Menos camiones en circulación significa más tiempo de espera, mayor saturación en los vehículos, riesgo de retrasos laborales y escolares, e incluso impedimentos para acceder a servicios esenciales como la salud. Cuando el transporte falla, se interrumpe el derecho al presente y al futuro.
Concesionarios del transporte publico del sistema Va y Ven anuncian reducción de unidades por falta de pagos
Este 16 de julio, concesionarios que operan el transporte público del Va y Ven, informaron que disminuirán las unidades al servicio de la gente de manera gradual, como consecuencia de la falta de pago del kilómetro mínimo garantizado por unidad.
«Desde hace varios meses hemos sostenido el servicio con esfuerzo propio, conscientes de que el transporte público es un derecho fundamental y una necesidad diaria para miles de personas. Sin embargo, la continuidad total de las operaciones se vuelve cada día más difícil», aseguraron.
Por esta situación, dieron a conocer que, a partir de mañana –17 de julio– comenzarán la reducción gradual en el número de unidades que se encontrarán operando; la reducción comenzará retirando el 30 por ciento de las unidades el jueves, para el viernes la reducción será del 40 por ciento y, a partir del lunes, únicamente dejarán el 50 por ciento de la flotilla –que hasta ahora comprendía 492 unidades y para ese momento sería tan solo de 246–.
«El transporte público requiere recursos para operar: combustible, mantenimiento de unidades, sueldos de operadores y atención a la infraestructura del sistema. La falta de pagos a tiempo y en forma impide sostener estos elementos esenciales. Pese a ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir prestando el servicio mientras las condiciones lo permitan».
Según informaron en un comunicado, los concesionarios han sostenido reuniones, mesas técnicas y diálogo institucional con la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y con otras instancias gubernamentales en la búsqueda de soluciones conjuntas; sin embargo, debido a la falta de atención de sus solicitudes, han tomado esta decisión y aseguran que esperan que la situación cambie para restablecer el servicio en su totalidad.
La movilidad es un derecho ciudadano
Regresando al derecho a la movilidad como derecho humano… Este implica que todas las personas tienen derecho a desplazarse, pero también a acceder a un sistema de transporte seguro, accesible, eficiente, inclusivo y sostenible, por lo que debería ser prioritario para el Gobierno del Estado, la ATY y las instancias correspondientes, hacer que este servicio no solo continúe, sino que mejore con el tiempo.
Es obligación del Estado garantizar la integridad física y la prevención de lesiones, la accesibilidad a las calles y sistemas de transporte, la eficiencia en el movimiento de personas, la adaptación al cambio climático, la calidad del transporte y la eliminación de desigualdades en el acceso a la movilidad.
Por todo esto, la reducción en las unidades que ahora realizarán los concesionarios, es responsabilidad de quien presenta un adeudo; pues quienes operan el servicio, precisan de las condiciones para hacerlo y, además, estas deben ser acordes con lo que se estableció al otorgarles las concesiones.
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