En las costas de Yucatán, personas LGBTQI+ participan activamente en la pesca, pero su existencia dentro del sector es estadísticamente invisible. No hay cifras oficiales que las reconozcan. Para especialistas, esta carencia limita la posibilidad de crear políticas públicas que atiendan sus realidades, reconozcan sus derechos y combatan la discriminación.
Amelia Ojeda Sosa, consultora en Género y Acceso a la Justicia y coordinadora de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse), subrayó la importancia de contar con datos precisos para el diseño de políticas públicas. Los datos, dijo, permiten dimensionar la población y entender sus necesidades específicas.
“Con las cifras a la mano también es posible mirar a la población y despertar un interés por escucharles, saber qué necesitan y si es posible elaborar programas al respecto, ya sea de sensibilización y que llamen a la no discriminación”, señaló.
Desde su experiencia como abogada, recalcó que conocer cuántas personas de la comunidad LGBTQI+ están involucradas en el sector pesquero ayudaría a visibilizar las intersecciones que las atraviesan, como el hecho de vivir en zonas indígenas, lo cual, en muchos casos, agrava las condiciones de discriminación.
“Una política pública no sólo es modificar legislaciones sino es crear esfuerzos para darles acceso a la salud, a la educación y disminuir la discriminación, pensando también en que las hijas y los hijos de estas parejas tienen derechos humanos que deben ser respetados”, apuntó.
Históricamente, la pesca ha sido una actividad dominada por hombres. Las mujeres apenas representan sólo el 2.8% del Padrón de Pescadores de Yucatán, con 360 registradas. Mas no hay datos exactos en este registro de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, queer, intersexuales y otras disidencias (LGBTQI+).
Maritza Santana, pescadora y buza monitora en Celestún, se identifica como lesbiana. Para ella, el mar representa libertad, un espacio donde las líneas de género se difuminan entre quienes viven de la pesca. Aun así, reconoce la necesidad urgente de visibilizar a las disidencias para ser respetadas e integradas.
“Yo desde niña me involucré en la pesca. Mi papá fue buzo mucho tiempo y yo aprendí eso, a pescar a pulmón. Después, ya recientemente, junto con compañeros he aprendido a bucear con tanque de oxígeno y ahora además de la pesca, me dedico a ver cómo van los peces, cómo avanza o no el cuidado del mar porque soy monitora”, explicó.
Maritza celebra que cada vez hay más espacios para mujeres en el ámbito pesquero, lo cual considera un primer paso para abrir camino a la diversidad sexual.
“Vemos cómo va mejorando todo, cómo las mujeres ya son respetadas por los compañeros y creo que el paso siguiente será que toda la comunidad LGBT sea reconocida también y respetada”, aseveró.
Aunque conoce a compañeras y compañeros de otros puertos como Río Lagartos, El Cuyo, Sisal y Progreso que forman parte de la comunidad, no todas las personas se sienten con la libertad de expresar su identidad de género.
“A mí y a otras compañeras como lesbianas se nos complicaba un poco estar en la pesca por el machismo, no nos querían aceptar como mujeres en una embarcación y mucho menos a una mujer lesbiana, pero ahorita yo en Celestún trabajo muy bien con los compañeros porque entienden que nuestro género no tiene nada que ver con el trabajo”, expuso.
El reto, dice, no sólo está en el mar, sino también en las comunidades donde persisten expresiones despectivas como “las machorras”. Maritza se ha enfocado en su labor para demostrar que su orientación no interfiere con su capacidad. Aun así, insiste en que se necesita más información para sensibilizar a la sociedad.
El uso de expresiones en contra de personas de la comunidad LGBTQI+ en la pesca, es catalogado como una manera de incitar al al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
“La verdad sí me gustaría que existieran más datos, más cifras que nos digan cuántas personas LGBT estamos en la pesca porque, por ejemplo, tengo un amigo joven, es gay y quiere entrar a ser monitor, pero le da un poco de pena. Mis compañeros me dicen que entre, que no hay problema, pero si él estuviera seguro de que no va a ser discriminado sería más fácil”, añadió.
Santana está convencida de que contar con datos poblacionales sobre la participación LGBTQI+ en la pesca abriría más oportunidades y ayudaría a combatir los prejuicios.
“Sería muy bonito que nos nombraran y además siento que podría motivar a más personas a no callarse y decir realmente quiénes son y demostrar que su trabajo es igual de valioso que el de los demás. Si nos unimos podemos callarle la boca al machismo”, comentó.
Piden visibilizar más espacios
Activistas señalan que la diversidad sexual en la pesca sigue sin visibilizarse, principalmente, por la discriminación, la exclusión y la violencia simbólica que existe en estos espacios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán es el segundo estado del país —después de Colima— con mayor proporción de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQI+, con 151 mil 552.
La mayoría de estas personas reconocen en el censo haber enfrentado algún tipo de discriminación a lo largo de su vida.
Keilanyx Glamx, integrante del colectivo Diversidad A.C., defiende los derechos de la comunidad LGBTQI+ en Progreso, uno de los municipios pesqueros más importantes por su producción en el estado. Desde su experiencia, romper con los moldes tradicionales inculcados en las familias pesqueras ha sido un proceso complejo, aunque reconoce avances.
“Ser diferente implica luchar por ser reconocido y llamado como uno quiere ser. Aunque es difícil, no es imposible. La lucha por la identidad y la aceptación es un proceso que requiere valentía y determinación”, dijo.
Creció entre pescadores y afirma que hoy observa una mayor inclusión de mujeres y disidencias, aunque aún faltan datos que respalden.
“La comunidad pesquera ha evolucionado con el tiempo. Como dice el dicho: quien no se adapta al entorno y lo acepta está destinado al rechazo. Hay un gran avance para todos. Cada paso hacia la aceptación y la inclusión es un logro importante. La lucha por la igualdad y la justicia sigue adelante, y es fundamental seguir trabajando hacia un futuro más inclusivo y respetuoso”, expuso.
Kelly Ramírez Alpuche, presidenta de Igualdad Sustantiva Yucatán, señaló que en sectores como el pesquero aún persisten obstáculos para quienes expresan una identidad de género no binaria.
“Desde hace muchísimos años la pesca ha sido una actividad principalmente de hombres y ahora que se abren espacios para mujeres, igual es una oportunidad para las disidencias”, expuso.
Aunque el Inegi ofrece cifras a nivel nacional, académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Autónoma de Yucatán (UADY) coinciden en la urgencia de generar datos locales sobre las disidencias. Por ello, trabajan en el Diagnóstico Situacional de Personas LGBTIQ en Yucatán 2025, que recopila información sobre discriminación, salud, apoyo social y uso de tecnologías entre personas de la diversidad sexual.
Este proyecto nació a partir de una encuesta previa a 7 mil 400 personas a nivel nacional. El 93.5% reportó haber sido discriminada en algún momento de su vida por su orientación o identidad. Los espacios donde más enfrentan burlas o rechazo son la escuela, la familia, hospitales y centros laborales y de oficios.
Además, el 22.5% —uno de cada cinco— afirmó haber sido sometido a prácticas conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig): intentos, muchas veces violentos, de “corregir” su identidad. Estas prácticas, aunque condenadas por organismos de derechos humanos, siguen ocurriendo en distintas regiones del país.
El diagnóstico está coordinado por el doctor Juan Carlos Mendoza Pérez desde la UNAM y, en Yucatán, por el maestro Julio César Trejo, en colaboración con otros académicos de la UADY y con apoyo de la Secretaría de las Juventudes. La encuesta estará disponible hasta agosto y puede responderse aquí.
Respecto a la encuesta, la abogada Amelia Ojeda destacó la relevancia de que su alcance no se limite al ámbito pesquero, sino que también llegue al sector agrícola y a otros espacios laborales como las maquilas. Para ella, visibilizar a las disidencias sexuales en todos los contextos es fundamental para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.
“Es importante que esta encuesta permee en muchas áreas de la sociedad para que tengan información rica que permita un diseño de políticas públicas reales”, dijo.
*Este artículo originalmente fue publicado en Causa Natura Media
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