En un contexto donde la privacidad y el manejo adecuado de los datos personales son cada vez más relevantes, los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) emergen como una herramienta fundamental de protección para la ciudadanía.
Estos derechos permiten a las personas tener control sobre su información personal y limitar su uso indebido por parte de entidades públicas o privadas. En México, la legislación reconoce estos derechos como parte del marco de protección de los datos personales, y su ejercicio debe ser garantizado sin trabas. Sin embargo, casos como el del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) evidencian lo lejos que aún estamos de lograr una cultura sólida de respeto a estos principios.
Recientemente, el Insejupy ha estado en el centro de una polémica tras la denuncia de ciudadanos cuyos datos personales —incluidos nombres completos, direcciones y documentos sensibles— fueron difundidos sin su consentimiento. Lo más grave no fue solo la filtración en sí, sino la respuesta institucional, que en muchos casos minimizó las preocupaciones legítimas de los afectados. Esta situación pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿están las instituciones públicas preparadas y comprometidas con la protección de los datos personales?
La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa. Pese a que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece mecanismos claros para solicitar la corrección o eliminación de datos, la falta de información, canales eficientes y voluntad política dificultan que los ciudadanos ejerzan sus derechos ARCO de manera efectiva.
El caso Insejupy no es un hecho aislado; refleja un patrón de negligencia institucional donde los datos personales se manejan sin el cuidado que exige la ley ni el respeto que merece la dignidad humana. Más allá del incumplimiento normativo, lo que está en juego es la confianza del ciudadano en sus instituciones. Si una dependencia pública no es capaz de garantizar que los datos que recaba serán protegidos, ¿cómo puede esperar colaboración y legitimidad de la sociedad?
La defensa de los derechos ARCO no debe entenderse como una mera formalidad legal, sino como un acto de defensa ciudadana frente al poder desmedido de instituciones que pueden actuar sin consecuencias. Hoy más que nunca, necesitamos fomentar la cultura de la protección de datos desde la educación básica hasta la formación de servidores públicos. Las instituciones deben establecer protocolos claros de respuesta, invertir en capacitación y rendir cuentas públicamente cuando vulneren estos derechos.
El caso del Insejupy debería marcar un precedente. No se trata sólo de sancionar a los responsables, sino de iniciar una transformación profunda en la manera en que se concibe la relación entre el Estado y los datos personales de los ciudadanos. Los derechos ARCO no son un lujo, son una necesidad democrática. Exigirlos no es una molestia administrativa, sino un acto de responsabilidad ciudadana. La privacidad no es negociable.
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