En Mérida y en las costas yucatecas no la estamos pasando bien con el fenómeno de la gentrificación. Este proceso ocurre cuando un barrio, tradicionalmente de bajos ingresos, comienza a atraer a residentes de mayores recursos, provocando el aumento de rentas, cambios en el comercio local y la transformación de la identidad cultural del lugar. Esta situación ya es claramente visible en el centro de la ciudad.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Es decir, cada quien puede vivir donde desee. Sin embargo, este derecho también conlleva una responsabilidad: respetar los usos y costumbres de la tierra que los recibe, promoviendo una convivencia armónica entre migrantes y residentes originales.
No obstante, esta premisa resulta, en la práctica, una fantasía. En un sistema capitalista, la tendencia es sacar el máximo provecho del forastero. Así funcionan las reglas de un mercado que no admite concesiones, impulsado incluso por los gobiernos y el Estado, principales promotores de la gentrificación bajo la bandera del turismo y el desarrollo.
Gobiernos pasados y actuales no han cesado de fomentar este fenómeno. Los resultados son evidentes: el Parque de la Plancha, el corredor gastronómico, el mantenimiento de barrios como Santiago y el propio Tren Maya son proyectos concebidos, principalmente, para que disfruten más los visitantes que los propios habitantes. Los residentes tradicionales, poco a poco, se ven desplazados o resignados ante esta nueva realidad.
En Mérida, han llegado extranjeros y mexicanos de otros estados que, en muchos casos, poco se esfuerzan por adaptarse o entender la cultura local. Exigen silencio, comida sin picante, que no se estacione nadie frente a sus casas; no visitan los mercados tradicionales ni muestran interés en integrarse a los usos y costumbres de la región. Buscan vivir como solían hacerlo, pero disfrutando de los atardeceres, el calor, la playa, los cenotes y la seguridad de Yucatán, sin realmente consumir productos locales ni construir comunidad.
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿sería pertinente pensar en estrategias para contrarrestar esta situación y promover una convivencia más sana y respetuosa?
Una vez que todos estamos a bordo de este barco, lo sensato sería remar juntos. Para lograrlo, se proponen alternativas que ayuden a fortalecer el tejido social y construir una Mérida más justa, incluyente y respetuosa de su identidad.
La gentrificación no tiene que significar pérdida y desarraigo si se enfrenta de forma proactiva y comunitaria. Defender el derecho a la ciudad implica crear espacios donde el crecimiento y la justicia social convivan. No se trata de detener el cambio, sino de asegurarse de que todos puedan ser parte de él.
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