1/Yucatán: la violencia contra las mujeres, una deuda que no se salda
En Yucatán, entidad que suele presumir bajos índices de homicidio en comparación con otras regiones del país, la violencia contra las mujeres revela otra realidad. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron 10 feminicidios, la cifra más alta documentada en la historia reciente del estado. Aunque la tasa sigue por debajo del promedio nacional, el aumento evidencia que la seguridad general no necesariamente se traduce en protección efectiva para las mujeres.
Más allá de los casos extremos, la violencia cotidiana es aún más alarmante. La Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), reporta que más del 71 % de las mujeres de 15 años o más en Yucatán ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, reportes locales señalan que en el estado se atienden en promedio alrededor de 44 mujeres lesionadas al día por agresiones, lo que dimensiona la magnitud diaria del problema.
A esto se suman las llamadas de emergencia: en 2025 se registraron hasta 80 reportes diarios al 911 relacionados con violencia de género, con mayor incidencia en municipios como Mérida y su zona conurbada. Las cifras no son solo estadísticas; son historias interrumpidas, derechos vulnerados y una señal clara de que la prevención, la atención integral y el acceso a la justicia deben fortalecerse con mayor urgencia y presupuesto. Mientras la violencia siga normalizada en el ámbito privado, Yucatán no podrá considerarse verdaderamente seguro para todas.
2/Repunte preocupante del VIH/SIDA con cifras récord
Durante el ciclo epidemiológico de 2025, Yucatán ha experimentado un incremento notable en los diagnósticos de VIH, alcanzando 298 nuevos casos confirmados según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), lo que sitúa al estado entre los tres con mayor tasa de incidencia a nivel nacional (aproximadamente 12.5 casos por cada 100 000 habitantes). Esta cifra representa un aumento de más del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior y refleja un giro preocupante frente a la tendencia nacional, donde los casos han disminuido en general.
El perfil demográfico de los nuevos diagnósticos evidencia que la mayoría corresponde a hombres (265 de los 298 casos), mientras que 33 mujeres fueron diagnosticadas en lo que va del año, lo que pone de manifiesto la persistencia de patrones de transmisión que requieren atención diferenciada. Además, una parte significativa de estos casos se detecta en etapas tempranas de la infección, lo que abre la oportunidad para tratamientos efectivos con antirretrovirales y el control de la progresión hacia el SIDA, pero también señala que la detección continúa siendo un desafío en la entidad.
Este repunte no solo es un número en estadísticas, sino un llamado de alerta para redoblar esfuerzos de prevención, educación y acceso a servicios de salud sexual en Yucatán. El aumento de casos entre poblaciones heterogéneas y más jóvenes indica brechas en la educación sobre prácticas sexuales seguras y en las campañas de concientización, lo que refuerza la necesidad de políticas de salud pública más integrales y sostenidas para frenar la transmisión del VIH/SIDA y mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus.
3/ Alto precio ambiental por el boom inmobiliario y el “Tren Maya”
La construcción del Tren Maya ha dejado una huella ecológica profunda en la península de Yucatán, con repercusiones directas en los ecosistemas del estado. Estudios basados en imágenes satelitales muestran que el proyecto ha implicado la deforestación de miles de hectáreas de selva tropical; por ejemplo, al menos 6 659 hectáreas se perdieron únicamente por la apertura de tramos de vía y caminos asociados a las obras, lo que equivale a la pérdida de alrededor de 6 millones de árboles en la región. A nivel más amplio, investigaciones de instituciones científicas estiman que el Tren Maya ha contribuido a la deforestación de más de 11 000 hectáreas en el sureste mexicano, liberando alrededor de 470 000 toneladas de carbono a la atmósfera y debilitando la capacidad de la región para mitigar el cambio climático.
El avance de este megaproyecto ha sido catalizador además de un boom inmobiliario intensivo en zonas aledañas, particularmente entre Playa del Carmen y Tulum, donde la selva ha sido reemplazada por desarrollos turísticos, fraccionamientos y centros de servicios sin regulación ambiental adecuada. La especulación y la urbanización han fragmentado corredores biológicos esenciales para la fauna y flora endémica —desde jaguares hasta aves y anfibios— y han alterado procesos naturales como la recarga del acuífero y los ciclos hidrológicos de humedales y manglares. Esta expansión inmobiliaria no solo consume cobertura forestal, sino que también presiona la infraestructura ecológica que mantiene la fertilidad del suelo y la diversidad biológica que históricamente caracterizó a Yucatán.
Las consecuencias de esta transformación del paisaje son más que cifras: representan la erosión de un patrimonio natural único que ha sustentado a comunidades humanas durante generaciones. La fragmentación de hábitats y la degradación de servicios ambientales —como la polinización, la regulación del clima local y la purificación del agua— ponen en riesgo la sostenibilidad de actividades tradicionales y la resiliencia contra eventos climáticos extremos. Con iniciativas legales y suspensiones judiciales recientes que reconocen daños ambientales, como en el caso de tramos que atravesaban zonas de alta biodiversidad sin garantías suficientes, queda claro que el desarrollo económico no puede seguir avanzando sin un diálogo honesto sobre la preservación del entorno natural de Yucatán.}}
4/ Trastornos alimenticios en Yucatán
En Yucatán, los trastornos de la conducta alimentaria se desarrollan en un contexto marcado por altas tasas de sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 70 % de los adultos en el estado presenta exceso de peso, un entorno que puede invisibilizar problemas como anorexia, bulimia o trastorno por atracón. A nivel nacional, hasta 25 % de adolescentes muestra conductas alimentarias de riesgo, una tendencia que especialistas advierten también se observa en población juvenil yucateca, especialmente en zonas urbanas como Mérida.
En México, el trastorno por atracón afecta alrededor de 1.6 % de la población y es más frecuente que anorexia y bulimia juntas. Aunque no existen estadísticas estatales desagregadas amplias, instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Yucatán han alertado sobre el aumento de consultas psicológicas relacionadas con imagen corporal, ansiedad y hábitos alimentarios desordenados entre estudiantes universitarios. Esto refleja que el problema no es ajeno a la realidad local.
La combinación de presión estética, redes sociales y normalización de dietas restrictivas convive en Yucatán con patrones culturales alimentarios tradicionales y altos índices de obesidad, creando un escenario complejo. Los trastornos alimenticios suelen permanecer ocultos y subdiagnosticados, y requieren atención interdisciplinaria —médica, nutricional y psicológica— para evitar complicaciones graves. Reconocer su presencia en el estado es el primer paso para dejar de tratarlos como casos aislados y asumirlos como un desafío de salud pública.
5/ El desafío de preservar la lengua maya.
La lengua maya yucateca no es una reliquia del pasado, sino una lengua viva que forma parte de la identidad cultural del sureste mexicano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Yucatán más de 500 mil personas hablan maya, lo que convierte al estado en la entidad con mayor número de hablantes de esta lengua en el país. Sin embargo, las propias estadísticas muestran un desafío estructural: aunque el número absoluto es alto, el porcentaje de hablantes disminuye en las generaciones más jóvenes, especialmente en contextos urbanos donde el español domina la educación, los medios y el empleo formal.
El marco legal reconoce su valor. La Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Cultura han impulsado programas de revitalización lingüística, y la Ley General de Derechos Lingüísticos establece que las lenguas indígenas tienen la misma validez que el español en el territorio nacional. No obstante, en la práctica persisten barreras: escasez de docentes plenamente bilingües, materiales educativos insuficientes y una limitada presencia del maya en servicios públicos, justicia y salud. A ello se suma la discriminación lingüística, que durante décadas ha provocado que muchas familias dejen de transmitir el idioma a sus hijas e hijos para evitar estigmas sociales.
Preservar la lengua maya implica más que traducir documentos oficiales; exige dignificarla en el espacio público y garantizar su transmisión intergeneracional. Las radios comunitarias, los contenidos digitales, la producción literaria y el uso del maya en universidades y medios de comunicación son pasos necesarios, pero aún insuficientes frente al peso de la globalización y la migración interna. El desafío no es solo lingüístico, sino cultural y político: decidir si Yucatán quiere que su lengua originaria siga siendo una voz cotidiana en calles, escuelas y hogares, o si la relegará a ceremonias y discursos simbólicos.
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