Cuando las autoridades llegan después
Esta semana, cinco noticias aparentemente distintas dejaron una misma pregunta sobre la mesa: ¿por qué tenemos que esperar a que los problemas crezcan para que las autoridades actúen?
La clausura del proyecto Las Dunas, en Chuburná Puerto, llegó después de movilizaciones, denuncias y preocupación por la afectación de un ecosistema costero. Las inspecciones ordenadas a granjas porcícolas también aparecen después de años de señalamientos sobre sus posibles impactos en el agua, el medio ambiente y las comunidades.
Algo similar ocurre con los anexos. Que existan investigaciones por presuntos delitos graves obliga a preguntarnos quién los supervisaba antes de que aparecieran las denuncias. No basta con investigar cuando posiblemente ya existen víctimas; necesitamos instituciones capaces de verificar permanentemente las condiciones en las que operan estos establecimientos.
En salud, Yucatán encabeza los casos de influenza durante la temporada interestacional. El dato debería servir no para generar alarma, sino para recordar que la vigilancia epidemiológica funciona precisamente cuando permite anticiparnos y actuar antes de que una enfermedad se convierta en un problema mayor.
Y está también la presunta filtración de información de la Secretaría de Educación. Aunque la dependencia ha rechazado que exista evidencia de una vulneración de sus sistemas, el episodio pone sobre la mesa una discusión inevitable: las instituciones públicas almacenan cada vez más información sobre nosotros y proteger esos datos debe ser tan importante como proteger cualquier otro patrimonio público.
Hay una diferencia enorme entre gobernar reaccionando y gobernar previniendo. Inspeccionar después de una denuncia, clausurar después de una afectación, investigar después de una posible víctima o proteger sistemas después de una alerta puede ser necesario, pero no debería convertirse en la manera habitual de resolver los problemas.
Yucatán necesita instituciones que lleguen antes.
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