Texto y fotos: Lilia Balam
Ejidatarios de los municipios mayas de Ixil, Seyé, Cansahcab y Motul, Yucatán, se manifestaron durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la crisis de despojo de tierras y criminalización de personas defensoras del territorio en la región. Entregaron una carta al equipo de la mandataria solicitando su intervención urgente ante lo que consideran “una red de corrupción que involucra a empresarios y autoridades locales”.
Cargando lonas, los ejidatarios denunciaron ser víctimas de una justicia que protege al empresario y persigue al campesino. Cecilio Cisneros, defensor del territorio de Ixil, recordó que hace unos días fue vinculado a proceso, acusado falsamente de robo y despojo tras oponerse a que grupos empresariales se apoderen de tierras en su municipio.
«Nosotros somos perseguidos políticos por nuestras tierras. Le dan preferencia a los empresarios que a los dueños de las tierras que somos los campesinos», declaró Cisneros durante la protesta, en la cual exigió que se detenga la criminalización en contra suya y de otras personas defensoras del territorio, como Luis Armando Chuc, de Motul, quien pasó tres años bajo prisión domiciliaria tras oponerse públicamente al nombramiento de un comisariado ejidal que favoreció a empresarios que buscaban acaparar tierras.
Otro de los casos críticos que expusieron fue el de Seyé, donde fueron despojadas 7 mil 503 hectáreas de uso común mediante una asamblea viciada realizada en 2015, la cual favoreció a empresarios y dejó en la indefensión a mil 634 familias ejidatarias. Los afectados señalaron que llevan más de diez años de lucha legal y administrativa, obstaculizada por la colusión entre particulares poderosos y funcionarios.
Los manifestantes lograron abordar a la presidenta a su llegada al evento de inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Kanasín, mostrándole las lonas con sus reclamos.

De acuerdo con los ejidatarios, la mandataria respondió que se les brindaría atención, tras lo cual fueron asistidos por Jacinto Canek Cilia García, quien recibió la carta en la que solicitaron la intervención de la Procuraduría Agraria y la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar redes de corrupción entre ex comisarios ejidales y empresarios, revisión exhaustiva de los procesos de nulidad de asambleas en los municipios afectados, destitución y sanción de funcionarios municipales y federales partícipes en procesos de despojo, así como el cierre de procesos penales contra defensores del territorio en Yucatán.
Los manifestantes advirtieron que la situación en Yucatán es crítica debido a la falta de ley y la corrupción imperante.
«Aquí el dinero manda, la casta divina sigue fuerte y quiere seguir pisoteando al indio, ¿vamos a esperar a que esto se vuelva una guerra?»,
concluyó Cisneros, subrayando que su lucha es por la justicia y la paz social.
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