La reconexión ocurrió horas más tarde, tras intervención de abogados de Defensa contra la CFE
Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortaron la energía eléctrica de un domicilio en la colonia Mulsay, en el poniente de Mérida, habitado por un adulto mayor con cáncer que depende de oxígeno conectado al servicio de la compañía. Los hechos ocurrieron el 17 de febrero, a pesar de la protección establecida de un juez federal para defender el derecho humano a la energía y con el añadido de la situación de salud.
Karim Hadad, abogado del despacho Defensa contra la CFE y representante de la parte afectada, declaró que la acción fue contra la ley, ya que el 12 de febrero de 2026 un juez federal admitió la demanda y otorgó la medida cautelar “la no ejecución del corte del suministro de energía eléctrica”, establecida en el juicio oral mercantil 1824/2026. Dicha medida cautelar fue colocada en el muro exterior del domicilio para evitar cortes.
El abogado explicó que la situación comenzó tras una revisión que hizo la CFE de «forma fantasma», es decir, cuando no había nadie presente; apuntó que dicha revisión es ilegal. En esta caso, dijo, intentaron extorsionar a la familia, pues identificaron que allí vive una madre soltera con su padre, quien se encuentra delicado de salud y requiere del respirador.
«Algunos empleados de la CFE abusan e intentan extorsionar, le querían cobrar a la señora 86 mil pesos, de pura extorsión».
Fue después de esto, cuando acudieron al juicio, donde obtuvieron la medida cautelar que impedía el corte de electricidad. La afectada dialogó con el ingeniero identificado como V.G. para aclararle que con la medida cautelar no se podía cortar la luz. Demostró que contaban con una persona adulto mayor conectada a un respirador de oxígeno. Aún así, prosiguieron con la desconexión. Dada la situación, la familia tuvo que trasladar al adulto mayor a otro sitio, hasta el día siguiente –cuando hicieron la reconexión–.
En el momento en que se presentaron los técnicos de CFE Distribución, la afectada marcó al despacho Defensa contra la CFE para informar de la situación. Según Hadad, una abogada del despacho atendió la situación y conversó, vía telefónica con el ingeniero, quien aseguró que tenía órdenes para el corte y procedió con él.
De acuerdo con la orden del juez, “CFE no puede cortar la energía hasta que el juicio acabe”. Sin embargo, en este caso, la CFE actuó contrario a la ley y puso en riesgo una vida humana de un paciente con una enfermedad.
La multa por “suspender u ordenar la suspensión del Suministro Eléctrico a un Usuario Final, sin causa justificada”, según el artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica es de “diez mil a cincuenta mil salarios mínimos”.
“Veamos si un director de la CFE realmente quiere sancionar estos abusos”, declaró el abogado de Defensa contra la CFE.
Ajustes de revisión
El 13 de enero de 2026, la CFE firmó un documento de constancia de revisión en el predio afectado donde se afirmó el “uso indebido por alteración o derivación afectada”. Semanas antes, la usuaria recibió de parte de los empleados el aviso de una multa de aproximadamente $160 mil pesos, pero le cobrarían $65,000, “con dinero en la mano”, declaró. El monto del ajuste es de $64,726. La usuaria reportó que la CFE cortó cables del medidor y se lo llevó en su momento.
Tras la desconexión por parte de V.G., el abogado se comunicó con el área jurídica de la Comisión, la cual dio la orden de reconexión y el servicio fue restablecido la tarde del 17 de febrero.
«Aún cuando algunos los trabajadores de CFE distribución actúa de una forma tan arbitraria, tan abusiva, tan ilegal, hay justicia en México pues los abogados de la paraestatal si respetan las órdenes de los jueces”, destacó Hadad.
Los jueces “ponen en cintura a este tipo de personas y sí los respetan”. Emplazó a los directores a demostrar si CFE Distribución tenía derecho a cortar; si fue así, porque fue reconectado; y si no tenían derecho, que demuestren que iniciaron un proceso sancionador contra el o los empleados que pusieron en peligro la vida de una persona contra una orden de la justicia federal.
Señaló que es importante dar a conocer que la conducta es ilegal e incluso puede prestarse a la extorsión por parte de trabajadores de CFE o de gente que pretende laborar con la Comisión, como ha ocurrido en casos recientes en Mérida, Ciudad de México y Estado de México.
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