Comunidades logran suspensiones definitivas contra la Zona Metropolitana de Mérida, el parque eólico de Chicxulub y el megaproyecto Ciudad Maderas
En un contexto marcado por la expansión urbana, el avance de megaproyectos y la instalación de parques industriales y energéticos en Yucatán, comunidades y defensores ambientales celebraron tres suspensiones definitivas que representan un freno a proyectos con fuertes impactos sociales y ecológicos: la Zona Metropolitana de Mérida, el parque eólico Chicxulub y el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas.
Ixil se retira de la Zona Metropolitana de Mérida
Emanuel Chan, representante del Consejo Comunitario Ixil, informó que la comunidad obtuvo una suspensión definitiva que impide la ejecución del convenio mediante el cual el Gobierno del Estado y varios municipios habían delimitado la llamada Zona Metropolitana de Mérida (ZMM).
De acuerdo con Chan, la decisión fue tomada en asamblea comunitaria, donde la población acordó no formar parte del proyecto metropolitano por los riesgos que representa para su territorio, su forma de vida y su identidad cultural.
“Si nos integran en la Zona Metropolitana, estaría amenazada nuestra cultura y forma de vida, así como las tierras que trabaja la comunidad. Hemos visto cómo las inmobiliarias compran tierras a precios ridículos y luego las venden en millones. No estamos en contra del progreso, pero queremos un progreso ordenado, que respete nuestra cultura y tradiciones”, explicó.
Aunque el presidente municipal de Ixil anunció públicamente que su cabildo decidió retirar al municipio de la ZMM, Chan aclaró que la salida fue resultado del amparo interpuesto por el Consejo Comunitario, y no de una decisión gubernamental.
Suspensión definitiva del parque eólico Chicxulub
Por su parte, Peregrina Cutz, también integrante del Consejo Comunitario Ixil, informó que la comunidad obtuvo otra suspensión definitiva, en ese caso, contra el parque eólico Chicxulub, autorizado por la Secretaría de Energía y la SEMARNAT.
Cutz señaló que la autorización del proyecto fue irregular, pues las tierras donde se pretendía construir son ejidales de uso común, aunque las autoridades las avalaron como propiedad privada.
“Como comunidad indígena tenemos derecho a una consulta libre, previa e informada. No estamos en contra de las energías limpias, pero el suelo de Ixil no es apto para perforaciones tan profundas; eso mezcla el agua dulce con el agua salada y pone en riesgo todo nuestro entorno. Además, la energía que producirían ni siquiera es para Ixil ni para Yucatán”, explicó.
Ciudad Maderas, suspendido por daños ambientales
En el municipio de Progreso, el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas también enfrenta una suspensión definitiva, luego de una demanda interpuesta por Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa.
Oceransky relató que, tras una denuncia presentada en 2023 ante PROFEPA por daños a selvas y humedales costeros sin respuesta, en 2025 presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, que derivó en el cierre abrupto del expediente por parte de PROFEPA.
Ante ello, interpuso un amparo por irregularidades en el proceso, y el Juzgado Tercero de Distrito resolvió otorgar la suspensión definitiva del proyecto, lo que impide a la empresa realizar cualquier actividad en el terreno mientras dure el juicio.
“Las tierras donde se pretende construir eran ejidales de uso común que fueron parceladas y privatizadas, algo que la Ley Agraria prohíbe expresamente. Las comunidades afectadas querían detener el proyecto, pero no quisieron sumarse a la demanda por miedo a represalias. Es comprensible: vivimos bajo un sistema judicial desigual, donde se protege a los intereses privados y se criminaliza a quienes defienden el territorio y el medio ambiente”, señaló Oceransky.
El defensor ambiental agregó que PROFEPA y SEMARNAT son responsables de garantizar el cumplimiento de la orden judicial, y subrayó que el caso de Ciudad Maderas refleja una tendencia preocupante: la omisión institucional frente a violaciones ambientales y el uso de la justicia para intimidar a las comunidades que se organizan.
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