En los últimos años Yucatán se ubicó entre los diez estados con mayor consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas del país, una realidad que choca con la creciente discusión pública sobre impuestos “saludables” y el costo de la vida. Los datos regionales y nacionales permiten trazar cómo se reparte la sed —refrescos, agua embotellada y agua purificada— y cuál sería el posible efecto de las medidas fiscales anunciadas para 2026.
¿Cuánto refresco consumen yucatecos y mexicanos?
A nivel nacional, México figura entre los países con mayor consumo per cápita de refrescos: cifras recientes de analistas de mercado sitúan el promedio nacional en torno a 160–170 litros por persona al año. Ese volumen ha colocado al país como uno de los líderes globales en ingesta de bebidas azucaradas. En el caso de Yucatán, reportes locales indican consumos superiores al promedio nacional, colocándolo en el top 10 de estados “refresqueros” ya que se estima que su consumo es de 220 litros por persona al año.
Agua purificada y agua de la llave: ¿hay sustitución posible?
En Mérida y su área metropolitana, las autoridades públicas han afirmado que el agua distribuida por la red es apta para consumo, aunque una parte de la población prefiere agua purificada o embotellada por percepción de calidad o por prácticas culturales de consumo. México, además, es uno de los países con mayor consumo de agua embotellada per cápita en el mundo, lo que muestra una clara preferencia por líquidos envasados aun cuando el suministro público sea considerado seguro en algunas ciudades.
El Paquete Fiscal 2026: qué propone y por qué importa
El Paquete Económico 2026, presentado recientemente, incluye un aumento sustancial del IEPS (impuesto especial) a las bebidas azucaradas: se propone casi duplicar el impuesto por litro (un incremento reportado del ~87% en la tasa por litro). Es una medida que el gobierno publicita como parte de una política de “impuestos saludables” destinada a desalentar el consumo de productos con alto costo sanitario y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación.
Efectos esperables sobre precios y consumo
Un aumento del IEPS de esa magnitud tendría un efecto directo en el precio al consumidor: en la práctica, productores y tiendas suelen trasladar buena parte del impuesto al precio final. Esto haría más caro el refresco por litro y podría reducir su consumo en la población sensible al precio (hogares de menores ingresos, jóvenes y consumidores ocasionales). Estudios internacionales y evaluaciones en México muestran que incrementos en impuestos a bebidas azucaradas suelen provocar una caída en el consumo y un aumento en la búsqueda de sustitutos (agua embotellada, agua purificada o bebidas sin azúcar).
¿Haría la gente de Yucatán el cambio hacia agua purificada?
La sustitución dependerá de tres factores clave en Yucatán:
- Precio relativo: si el impuesto incrementa el precio del refresco más que el precio del agua purificada/embotellada, habrá incentivo económico a cambiar.
- Percepción y acceso: aunque el agua de red sea potable en Mérida, la preferencia cultural por agua envasada o purificada (por calidad percibida) puede mantener la demanda por agua embotellada.
- Alternativas públicas: si las autoridades acompañan el impuesto con subsidios o inversiones para agua potable segura, bebederos públicos o campañas de información, la sustitución hacia agua segura y gratuita sería más probable.
Impacto en salud pública y gasto sanitario
La literatura médica y estudios nacionales relacionan el alto consumo de bebidas azucaradas con mayores tasas de obesidad y diabetes tipo 2 en México. Disminuir el consumo de refrescos puede, en el mediano plazo, reducir cargas de enfermedad y costos asociados al sistema de salud; ese es uno de los argumentos explícitos detrás del impuesto. Sin embargo, el efecto real depende de cuánto se reduzca el consumo neto de azúcares —si la gente sustituye por agua, el impacto será positivo; si sustituye por otras bebidas azucaradas no gravadas o por edulcorantes con efectos discutidos, el beneficio será menor.
¿Y la recaudación? ¿Quién gana y quién pierde?
El Gobierno proyecta una mayor recaudación con estos “impuestos saludables”, que serviría para financiar programas sociales y costos de salud. En el corto plazo, las empresas refresqueras verán un ajuste en demanda y margen (dependiendo de la elasticidad precio de su mercado); los consumidores —especialmente los de ingresos bajos que compran refresco con frecuencia— soportarán el aumento directo en su gasto en bebidas. Si la recaudación se destina a programas de salud o a mejorar el acceso al agua potable, podría equilibrarse el efecto regresivo.
Algunas opiniones
Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), sostiene que el incremento al IEPS es desproporcionado y no tendrá efectos reales en la salud pública.
“Se trata de un aumento del 87% a la cuota vigente, que afectará directamente a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos. Además, ahora se pretende incluir también a bebidas sin azúcar con edulcorantes, lo cual desincentiva la reformulación y la oferta de productos bajos o sin calorías”, afirma.
Para Diana Delgadillo, directora de operaciones en The Hunger Project México, el impuesto al refresco ha tenido un impacto limitado.
“En México apenas provocó que un 8% de la población redujera su consumo, mientras que en países europeos donde se aplica un impuesto con el objetivo de eliminar el consumo, la disminución real también ronda 20%. Aquí se planteó en 2014 que los recursos se destinarían a bebederos escolares y a mejorar el acceso al agua, pero eso nunca ocurrió: el dinero terminó en la bolsa fiscal”, explica.
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