El tráfico de fauna silvestre sigue siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad en México. A pesar de su gravedad, este delito muchas veces queda impune o se castiga con sanciones mínimas que permiten a los responsables evadir la justicia.
Para enfrentar esta realidad, el Proyecto Santa María señala la propuesta para reformar el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar la pena mínima de uno a tres años de prisión a quienes trafiquen especies protegidas. Este cambio no solo busca endurecer las sanciones, sino también evitar que los traficantes accedan a beneficios legales como la suspensión condicional del proceso, lo cual ha permitido que muchos continúen delinquiendo sin consecuencias reales.
¿Por qué es urgente esta reforma?
- Disuadir a posibles traficantes: Un castigo más severo puede funcionar como freno para quienes ven en este delito una forma rápida de obtener dinero.
- Proteger la biodiversidad del país: El tráfico de especies impacta directamente a animales en peligro de extinción y destruye ecosistemas enteros.
- Combatir la impunidad: Con penas más altas, se reduce la posibilidad de que los responsables eludan la prisión, haciendo más efectiva la aplicación de la ley.
Más allá del castigo: una medida para salvar vidas
Las víctimas de este delito no son abstractas: son animales que muchas veces mueren en condiciones deplorables antes de llegar a manos de compradores. Aumentar las penas representa también un acto de justicia para estas especies y una herramienta para favorecer su recuperación.
Con esta reforma, se busca que México dé un paso firme en la defensa del patrimonio natural, enviando un mensaje claro: el tráfico de fauna no será tolerado.
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