Yucatán se ha acostumbrado a reconocerse en las estadísticas que le favorecen. La comparación con estados golpeados por la violencia permite construir una imagen tranquilizadora. Pero esa comparación también puede convertirse en una coartada: mientras otros estén peor, aquí parecería haber pocas razones para exigir más.
Cinco noticias de esta semana obligan a cuestionar esa comodidad. El trabajo infantil, el costo del delito, las muertes en las calles y los anuncios educativos plantean una misma pregunta: ¿qué significa vivir bien en Yucatán y quiénes están quedando fuera de esa promesa?
La tranquilidad pierde sustancia cuando un niño trabaja en condiciones peligrosas, una familia pierde sus ahorros en un fraude o una persona arriesga la vida para cruzar una vialidad. Gobernar exige responder por esas experiencias, aunque no arruinen la posición del estado en un ranking.
Una infancia que sigue pagando
Según los resultados de la ENTI 2025 recogidos por Diario de Yucatán, en el estado hay 57,326 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil: el 11.6% de la población de 5 a 17 años. En 2022 eran 70,975. La disminución merece reconocerse, pero no autoriza la complacencia.
Entre los 38,010 menores ocupados, 34,322 realizan actividades no permitidas: nueve de cada diez. De ellos, 11,673 están por debajo de la edad mínima y 22,649 desempeñan labores peligrosas. La tasa estatal de ocupación no permitida, cercana al 7%, supera la nacional de 6.6%.
La pregunta política es concreta: ¿qué están haciendo las autoridades laborales, educativas y de protección de la infancia para identificar estos casos y evitar que se repitan? También corresponde preguntar quién contrata, quién obtiene beneficios y quién permite que continúe.
Culpar exclusivamente a las familias sería una salida cómoda. Retirar a un menor del trabajo sin atender las condiciones económicas de su hogar puede desplazar el problema hacia actividades menos visibles.
El Inegi añade un dato nacional: la tasa de trabajo infantil entre la población indígena alcanza el 24.9%. No es una cifra específica de Yucatán, pero obliga a examinar qué ocurre en sus comunidades mayas y qué apoyos permiten sostener la asistencia escolar.
La protección de la infancia necesita seguimiento público: menores atendidos, permanencia escolar y condiciones familiares después de la intervención. Contar operativos resulta insuficiente.
La seguridad también se pierde en una transferencia
De acuerdo con Diario de Yucatán, con base en la ENVIPE 2026, el costo promedio del delito en Yucatán llegó a 6,284 pesos por persona afectada durante 2025, un aumento de 49.4% frente al año anterior. El impacto económico total reportado fue de 5,100 millones de pesos. La misma nota señala una tasa de 9,894 fraudes por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras cuestionan una definición de seguridad concentrada en los delitos más visibles. Para quien pierde el dinero de una operación médica o los ahorros de varios años, el daño puede transformar la vida familiar, aunque no haya violencia física.
El problema tampoco termina al recomendar que la gente desconfíe de llamadas y enlaces. La prevención individual tiene límites. Hace falta investigar las redes de fraude, facilitar las denuncias y revisar la respuesta de las instituciones financieras cuando sus servicios son utilizados para cometer delitos.
En el país, el 93.4% de los delitos ocurridos en 2025 no se denunció o no dio lugar a una carpeta de investigación. Es una cifra nacional, pero muestra la distancia entre sufrir un delito y acceder a una respuesta institucional.
La rendición de cuentas debería incluir investigaciones concluidas, recursos recuperados y atención a las víctimas. Pedir prudencia a la ciudadanía no releva a las autoridades de perseguir a quienes la defraudan.
Morir en el camino cotidiano
El registro de René Flores Ayora difundido por Diario de Yucatán presenta un problema elemental: anuncia 203 muertes, pero su desglose incluye 202 personas y una vaca. Entre las víctimas humanas aparecen 104 motociclistas, 27 peatones y 17 ciclistas: aproximadamente el 73%. En el Periférico de Mérida se contabilizan 24 fallecimientos.
La inconsistencia debe corregirse por respeto a las víctimas y por rigor. También debe distinguirse ese conteo de la estimación del especialista sobre posibles fallecimientos posteriores: una proyección no equivale a un registro confirmado.
Más allá del error, la concentración de muertes entre usuarios vulnerables exige revisar las condiciones de circulación. Señalar imprudencias individuales deja incompleta la explicación si no se examinan velocidades, cruces, iluminación y posibilidades reales de desplazarse con seguridad.
Un peatón puede equivocarse. La infraestructura debería reducir la posibilidad de que ese error termine en una muerte.
Las autoridades estatales y municipales deben explicar dónde se concentran los siniestros, qué intervenciones realizarán y cómo medirán sus resultados. Cada nueva obra vial debería responder una pregunta básica: ¿permite llegar con vida también a quienes caminan, pedalean o utilizan motocicleta?
Francés: de la fotografía al aula
El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció dos convenios con Francia para impulsar la enseñanza del francés en escuelas públicas, desde primaria hasta preparatoria, con posibilidades de intercambio académico, según Por Esto. La nota consultada no detalla cobertura, presupuesto, calendario ni mecanismos de evaluación. Esa ausencia en la publicación no demuestra que tales elementos no existan; sí justifica exigir que sean públicos y accesibles.
La cooperación internacional puede ampliar oportunidades. Precisamente por eso merece una evaluación más exigente que el aplauso al anuncio.
¿Cuántos estudiantes tendrán acceso? ¿Cómo se seleccionarán los planteles? ¿Quién impartirá las clases? ¿Qué apoyos recibirán quienes puedan participar en intercambios y carezcan de recursos para viajar?
Además, para parte del alumnado maya, el francés podría ser una tercera lengua. Hablar de una “segunda lengua” como si todos partieran del mismo lugar revela la necesidad de reconocer la diversidad lingüística desde el diseño del programa.
La prueba de equidad estará en su capacidad para llegar a estudiantes que hoy tienen menos oportunidades. Publicar los convenios, las metas y sus avances permitiría comprobarlo.
Yucatán necesita abandonar la costumbre de evaluar su bienestar únicamente por comparación con los peores escenarios del país. Ese criterio reduce la exigencia ciudadana y facilita que problemas persistentes se presenten como daños menores.
La Modalidad 40 era una ganga financiada por todos.
Cinco años de cuotas al tope compraban una pensión que valía 8.4 veces lo pagado, según Banamex. La diferencia la cubre el presupuesto federal, es decir, también la pagan quienes nunca tendrán una pensión. Con un gasto en pensiones que podría superar el billón de pesos en 2027, dejar el esquema intacto no era sostenible. La forma importa. Los cambios llegaron por un acuerdo administrativo y sin debate en el Congreso. Además, varios especialistas consideran que contradice la Ley del Seguro Social. También se castiga parejo: los afectados no son solo quienes abusaron, sino también trabajadores que usaban la modalidad para compensar años en que sus patrones los registraron con salarios más bajos de los que ganaban. El diagnóstico es correcto y la solución está mal hecha. Una reforma así debería pasar por el Congreso, perseguir el fraude con datos públicos y dar una salida a quienes fueron registrados con salarios por debajo de lo que ganaban.
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